El gabinete de Seguridad Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, ejecutó un amplio operativo con cateos autorizados por el Poder Judicial mexiquense.
Las acciones se focalizaron en la principal “zona de control” del grupo criminal autodenominado “Los 300” o “Unión 300”, ubicada en el Fraccionamiento Héroes Ecatepec, con el objetivo central de recuperar inmuebles despojados y utilizados para la comisión de diversos delitos.
Estas intervenciones formales se enmarcan dentro de la “Estrategia Nacional Contra la Extorsión” y la iniciativa federal de “Mando Coordinado”, buscando restablecer el orden y la seguridad en una de las áreas más afectadas por la delincuencia organizada en el municipio. El operativo representa un golpe directo a la estructura logística y operativa de esta banda delictiva.
El conjunto habitacional, que alberga a más de cinco mil residentes, se encontraba bajo el férreo control del grupo criminal. “Los 300” impedían sistemáticamente los patrullajes de seguridad y la incursión de corporaciones policiacas y de procuración de justicia, creando un enclave donde las actividades ilícitas se multiplicaban sin que los habitantes legítimos se atrevieran a denunciar por miedo a represalias.
Dicho fraccionamiento fue tomado por la organización delictiva como su principal centro de presencia, reunión y planeación de hechos delictivos. La peligrosidad del grupo quedó en evidencia el pasado 18 de agosto, cuando se registró un enfrentamiento con elementos de la policía municipal que resultó en la muerte de un hombre por disparo de arma de fuego.
Actos de investigación e inteligencia realizados por las autoridades establecieron el modus operandi de la banda. “Identificaban a sus víctimas, principalmente personas en condiciones de vulnerabilidad, posteriormente grupos de más de 20 personas acudían de manera agresiva al inmueble”, detallaron fuentes oficiales. Los criminales ingresaban violentando las puertas, amagaban a los ocupantes con armas de fuego y en algunos casos los golpeaban para despojarlos de su vivienda.
Otra modalidad consistía en identificar viviendas desocupadas para que grupos de más de diez personas ingresaran de manera furtiva, forzando las chapas de acceso. Una vez apoderados ilegalmente del inmueble, iniciaban un régimen de extorsión, exigiendo dinero a las víctimas a cambio de devolverles sus propiedades, permitirles ingresar o arrendarlas. Sin embargo, a pesar del pago, mantenían el control del lugar y amenazaban con causar daños si intentaban recuperarlo o denunciar.
El control criminal se vio fortalecido con la protección que les brindó la autoridad municipal durante administraciones pasadas, según las investigaciones. Esta complicidad les permitió instalar filtros de acceso y salida, imponer cuotas a los habitantes y obligarlos a afiliarse a su organización. Aquellos que se negaban veían restringido su acceso y eran despojados de su vivienda.