La explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, no solo dejó imágenes de fuego y destrucción en una de las principales entradas al oriente de la capital, también decenas de familias en vilo que desde entonces habitan los pasillos de hospitales como la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, en Magdalena de las Salinas. Allí aguardan noticias sobre el estado de salud de sus seres queridos, mientras enfrentan la falta de información clara, la incertidumbre sobre los apoyos prometidos y la exigencia de que se haga justicia.
De acuerdo con datos oficiales, el saldo hasta ahora es de 20 personas fallecidas y cerca de treinta hospitalizados, muchos de ellos con quemaduras de segundo y tercer grado que abarcan hasta el 90 por ciento del cuerpo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que solo en sus hospitales fueron atendidas 26 personas, 19 de ellas aún hospitalizadas y varias en terapia intensiva.
La espera interminable
En los alrededores del hospital Victorio de la Fuente Narváez, en donde se instaló una carpa para familiares de las víctimas, padres, madres y hermanos se turnan para estar pendientes de los pacientes graves. Algunos no duermen, otros se esfuerzan por descansar, pero todos comparten el mismo sentimiento: la larga espera que impone la atención a las quemaduras más delicadas.
“Mi hermana está ahí, con quemaduras en casi todo el cuerpo. Cada noche que pasa y no escucho su nombre en la lista de los que no lograron sobrevivir es un día ganado”, cuenta Nitzia Díaz Castañeda, hermana de Abril, una joven madre de cuatro hijos que permanece en estado crítico. “Yo paso una mala noche, pero doy gracias cuando amanece y no me han nombrado el nombre de mi hermana, porque sigue luchando y es un día más, un día a la vez”, explica.
Abril Díaz sufrió quemaduras en el 95 por ciento del cuerpo. Su caso ha porque se trata de una mujer que sostenía sola a su familia. Ahora, mientras lucha por su vida, su hermana ha tomado el papel de vocera para exigir justicia y cumplimiento de las promesas hechas tras la tragedia.
Promesas en el aire
“Yo no he recibido ni un peso, ni un peso. Ni de la gasera, ni de la aseguradora, ni del gobierno”, acusa Nitzia. “Prometieron las perlas de la Biblia cuando esto estuvo así los primeros días, pero conforme va pasando el tiempo, se va quedando, se va apagando. Yo no quiero que mi hermana sea como esos casos que después de un tiempo ya nadie recuerda. Abril es un ser humano y tiene derechos. Yo voy a pelear por los derechos de mi hermana y de mis sobrinos.”
La familia de Abril asegura que no ha tenido asesoría legal ni acompañamiento institucional para proceder con una denuncia formal contra la empresa responsable, identificada como Transportadora Silza, que trasladaba alrededor de 49 mil litros de gas LP cuando ocurrió la explosión. Hasta ahora, la información sobre las pólizas de seguro de la pipa sigue sin esclarecerse públicamente.
En la explanada del hospital, Nitzia enumera lo que realmente necesitan: atención psicológica para los hijos de Abril, becas escolares para que puedan continuar sus estudios y el cumplimiento de la reparación del daño. Mientras tanto, sobreviven gracias a la solidaridad ciudadana: vecinos, desconocidos y organizaciones que les han llevado comida, cobijas y artículos de higiene. “Nos pasaron una lista de lo que requieren los pacientes: esponjas, jabones neutros, enjuague bucal, cepillos de dientes de cerdas suaves. Todo eso lo estamos consiguiendo por donaciones, no por la empresa que causó esto”, lamenta.
Historias de sacrificio y desamparo
El caso de Abril no es único. Afuera del mismo hospital, Griselda Pérez espera noticias de su hermano Alfonso, un albañil que resultó con quemaduras en el rostro y que podría perder la vista de un ojo. “Mi hermano no tiene seguro ni trabajo fijo, pido que lo apoyen porque va a quedar incapacitado para trabajar y no tenemos cómo sostenernos”, declara.
En otro rincón, Argelia relata la situación de su hermano Adolfo, con quemaduras de segundo grado en el 70 por ciento del cuerpo. “Es desesperante. Solo espero que esté bien, está demasiado chiquita la que depende de él. Yo tuve que dejar de trabajar para estar aquí porque no hay quién se quede en el hospital. Es un desgaste físico, económico y emocional.”
Atención hospitalaria, pero sin certezas legales
El IMSS y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México han garantizado la atención médica en sus hospitales. Sin embargo, más allá del acceso al tratamiento, los familiares reclaman que no se ha materializado la ayuda económica ni se ha definido la responsabilidad de la empresa gasera. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha sido cuestionada sobre qué aseguradora debería cubrir los daños, pero hasta ahora no ha aclarado los folios ni las pólizas aplicables.
“¿Dónde están los seguros? Nadie nos ha hablado de eso, y mientras tanto la gente se está muriendo en los hospitales”, cuestiona una de las familias entrevistadas. Para ellos, el gobierno cumple con su deber al atender a los heridos en hospitales públicos, pero insisten en que no debe ser el erario el que absorba todo el costo: corresponde a la empresa y a sus aseguradoras asumir la reparación.
Tragedia que no se apaga
Han pasado ya varios días desde la explosión y el ánimo de las familias oscila entre la esperanza y la frustración. En medio del dolor, las escenas de solidaridad ciudadana contrastan con la ausencia de respuestas claras de las autoridades y de la empresa responsable. Cada día se libra una batalla en las salas de terapia intensiva y otra, no menos desgastante, en los pasillos donde se exige apoyo.
“Si mi hermana sobrevive, ella ya no va a poder trabajar, y lo que pido es para ella y para sus hijos, no para mí. Yo puedo salir adelante, pero mis sobrinos necesitan tener un futuro”, insiste Nitzia. “Si no se hace justicia, la vida de Abril y de tantas otras víctimas va a quedar reducida a una estadística más. Y yo no voy a permitir que eso pase.”