El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa que establece que todas las dependencias públicas, alcaldías y entes descentralizados destinen al menos el 5 por ciento de su plantilla laboral a personas con discapacidad. Lo anterior, con el objetivo de garantizar el acceso al trabajo digno y con igualdad de oportunidades.
El diputado promovente, Ricardo Rubio, detalló que se trata de crear el Programa de Inclusión Laboral Obligatoria, que reformaría la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.
Expuso que, actualmente, las personas con discapacidad se enfrentan a una dura realidad ya que sólo el 1.5 por ciento de los negocios en México contrata a personas con dicha condición, lo que refleja una exclusión estructural.
Ricardo Rubio aseguró que el trabajo no puede ser un privilegio, sino que es un derecho. Y señaló que tampoco se trata de caridad, sino de justicia.
“En la Ciudad de México, las personas con discapacidad enfrentan uno de los mayores retos para alcanzar su desarrollo pleno: la falta de oportunidades de empleo digno. No se trata solo de una barrera económica, sino de un obstáculo estructural que limita su autonomía, restringe sus posibilidades de integración social y perpetúa estigmas que debieron superarse hace mucho tiempo”.
La iniciativa detalla que para los capitalinos con discapacidad, la falta de un empleo va más allá de la ausencia de un salario. “Significa depender de familiares, enfrentar dificultades para acceder a servicios básicos y, muchas veces, vivir en condiciones de pobreza. El trabajo es, además de un medio de subsistencia, una herramienta de dignidad, participación y reconocimiento social”.
Sanciones para quienes incumplan
La iniciativa incluye mecanismos de supervisión y sanciones para quienes incumplan, con el fin de evitar simulaciones y asegurar que la inclusión sea efectiva. Además, se inspira en experiencias internacionales, como Chile y Austria, donde las cuotas han dado resultados positivos.
La inclusión laboral obligatoria también debe ir acompañada de programas de capacitación, ajustes razonables en los lugares de trabajo y una estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil y universidades. Así se garantizará que la integración no sea meramente numérica, sino efectiva y sostenible.
Con esta medida, la CDMX se convertirá en pionera en México al garantizar que el sector público sea ejemplo de inclusión.
“Una ciudad justa es aquella que abre las puertas del trabajo a todas las personas, sin excepción”, concluyó Rubio.