Metrópoli

En 2011, cerca de 30 mil niños y niñas se encontraban involucrados en grupos criminales. Madres y padres buscadores llaman a funcionarios a “ponerse a trabajar” y velar por los intereses del pueblo

Reclutamiento forzado, tortura y desaparición no se pueden normalizar

Desaparecidos México
Desaparecidos México (Galo Cañas Rodríguez)

El número de personas desaparecidas en México no deja de crecer, deja a familias y comunidades en incertidumbre y dolor; ante la falta de acción y atención de las autoridades, las madres y padres buscadores emprenden la riesgosa tarea de buscar a sus seres queridos. Ellos han sido criticados por el Gobierno y la sociedad; además, son señalados de dedicarse a la politiquería, así lo detalló Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

“Siempre nos han tratado así, pero no es politiquería es necesidad”, comentó ante medios de comunicación en el Congreso local, al que asistió para acompañar una propuesta del grupo parlamentario del PAN que busca que el reclutamiento criminal y el reclutamiento forzado, prácticas que han sido imitada por los grupos de la delincuencia organizada en México, ameriten prisión preventiva oficiosa.

En México hay miles de personas desaparecidas y gran porcentaje de ellas podría deberse a esta dinámica criminal, según las cifras, hasta el pasado 15 de marzo de 2024, había un total de 99 mil 729 registros de personas desaparecidas o no localizadas en México; al 27 de enero de 2025 la cifra de personas desaparecidas llegó a 121 mil 651, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

Acompañada de otras madres y padres buscadoras, Ceci Flores lamentó que haya impunidad para muchos de los criminales que se dedican a reclutar, asesinar, vender drogas, solamente porque son menores de edad y están protegidos.

“Necesitamos que tengan un castigo las personas que reclutan a nuestros jóvenes Se aprovechan que en la ley no se puede castigar a las personas menores de edad; los derechos humanos los protegen”, señaló Ceci Flores.

Otra de las exigencias que hicieron las personas buscadoras fue que se refuercen las sanciones para autoridades negligentes; como las fiscalías que se han negado a hacer su trabajo y no hacen las investigaciones correspondientes, incluso, llegan a revictimizar.

Señalaron que la desaparición forzada debería de tener una ley especifica, ya que la problemática se ha expandido como un cáncer.

“Morena tiene un pacto con el crimen organizado que los ha llevado a donde están, a tener el poder que tienen ahora”, comentó Alma Barraza, activista y defensora de los Derechos Humanos.

Gustavo Hernández, otro de los padres, informó que tuvo una reunión con Rosa Icela, secretaria de Gobernación, y sólo le dieron una “palmada en la espalda”, porque dicha reunión no sirvió de nada.

“Yo me pregunto, ¿no les dará vergüenza no hacer nada?... tienen amigos, hermanos y familia. Les digo a los funcionarios perezosos que se pongan a trabajar“, dijo.

Gustavo aseguró que quienes no lo hacen así incumplen con la Constitución y aprovechó para llamar a todas las bancadas a ser sensibles y apoyar la iniciativa.

30 mil niños involucrados en grupos criminales

La iniciativa pretende reformar el artículo 19 constitucional y el Código Penal Federal en Materia de Reclutamiento criminal.

Pese a la carencia de estudios que permiten comprender los efectos y consecuencias del reclutamiento criminal, la Red por los Derechos de la Infancia México (REDIM) informó en 2011 que alrededor de 30 mil niños y niñas se encontraban en grupos criminales de varias formas y estaban involucrados en la comisión de un aproximado de 22 tipos de delitos. Lamentablemente actualmente, no se cuentan con datos estadísticos de estas dinámicas.

La bancada panista del Congreso local recordó que recientemente, el país quedó en estado de luto y asombro, al ver lo ocurrido en el caso Teuchitlán, Jalisco. En marzo de este 2025 el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó el hallazgo de lugares que denomino como “campos de exterminio” en el rancho Izaguirre, localizado en dicha localidad, presuntamente usados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centros de adiestramiento, confinamiento y exterminio de cuerpos.

Los panistas urgieron una legislación que castigue adecuadamente las conductas, que establezca protocolos mínimos de actuación y en dado caso sanciones para las autoridades omisas en esa materia.

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