El diputado panista Ricardo Rubio presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca cerrar los vacíos normativos que limitan la eficacia del presupuesto participativo y garantizar que las decisiones ciudadanas en ese ejercicio sean obligatorias, transparentes y con impacto real en las comunidades. Lo anterior, debido a que menos del 55% de los proyectos aprobados en la consulta se ejecutan en tiempo y forma.
Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que, aunque la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la participación ciudadana como un eje estructural de la democracia local, en la práctica persisten deficiencias operativas que han debilitado su efectividad.
Informó que desde hace más de dos décadas, los ejercicios de participación han enfrentado obstáculos que reducen su impacto real en las decisiones públicas: proyectos aprobados que no se ejecutan, montos modificados sin justificación técnica y falta de información pública sobre los avances.
“Esta situación ha generado desconfianza y ha restado sentido al mandato constitucional participativo”, dijo.
De acuerdo con diagnósticos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Auditoría Superior y diversas organizaciones ciudadanas, menos del 55% de los proyectos aprobados por consulta se ejecutan en tiempo y forma; mientras que en 11 de las 16 alcaldías se han detectado modificaciones presupuestarias sin sustento técnico.
Ricardo Rubio aseguró que lo anterior, demuestra una ausencia de mecanismos jurídicamente exigibles para garantizar la ejecución de los proyectos comunitarios.
¿Qué propone?
La iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, con el fin de establecer la obligación expresa de integrar y ejecutar los proyectos ciudadanos aprobados mediante el presupuesto participativo dentro de los programas operativos y presupuestales de las alcaldías. Con ello, se busca construir un andamiaje normativo que asegure el carácter vinculante de los resultados de las consultas ciudadanas.
El legislador destacó que el presupuesto participativo es una herramienta democrática de alto valor, mediante la cual la ciudadanía decide sobre una parte del gasto público local.
En 2023, este mecanismo permitió aprobar 2 mil 559 proyectos por un monto total cercano a 1,600 millones de pesos, equivalentes al 3 % del gasto programable de las alcaldías. Sin embargo, “estos esfuerzos pierden sentido cuando las decisiones ciudadanas no se traducen en acciones concretas por falta de obligatoriedad institucional”, apuntó.
La iniciativa también plantea que los programas de gobierno, los planes parciales de desarrollo y las estrategias de inversión local deberán formularse con participación ciudadana efectiva y vinculante, asegurando que las decisiones públicas reflejen las prioridades y necesidades de las comunidades.
“La democracia participativa no puede consolidarse sin igualdad sustantiva; por ello, la reforma busca garantizar mecanismos accesibles, transparentes y con reglas claras que permitan la participación efectiva de todas las personas”.
CDMX se consolidará como referente nacional e internacional en materia de democracia participativa
El legislador recordó que la iniciativa se encuentra alineada con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y democracia sustantiva, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Objetivo 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que promueve sociedades inclusivas y decisiones participativas en todos los niveles.
Para finalizar, afirmó que la reforma permitirá que la Ciudad de México se consolide como referente nacional e internacional en materia de democracia participativa.
Además, indicó que contribuye a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, evitando reasignaciones discrecionales de recursos y asegurando que las decisiones vecinales sean respetadas y ejecutadas conforme a la ley.
“Esta iniciativa representa un paso decisivo para fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos y hacer de la participación vecinal un instrumento efectivo de transformación social”, concluyó.