El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México presentó una queja ante el Instituto Electoral capitalino contra los diputados de Morena Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo Obregón, a quienes acusa de ejercer violencia política en razón de género en contra de la legisladora panista Laura Álvarez.
De acuerdo con la dirigencia del PAN local, encabezada por Luisa Gutiérrez, los hechos denunciados se relacionan con publicaciones y declaraciones que, a decir del partido, buscan afectar la reputación de la diputada y minimizar su trayectoria.
La presidenta del PAN capitalino señaló que la denuncia solicita al IECM investigar y, en su caso, sancionar a los dos legisladores mencionados.
Afirmó que su partido respaldará a las diputadas que consideren haber sido objeto de manifestaciones de este tipo. Agregó que, a su juicio, las expresiones referidas reproducen estereotipos que reducen el trabajo político de las mujeres.
La diputada Laura Álvarez sostuvo que el contenido de las declaraciones difundidas en su contra la coloca en un rol ajeno a su labor legislativa, lo cual, afirmó, no refleja su trayectoria profesional.
Indicó que tiene más de dos décadas de experiencia en el servicio público en áreas relacionadas con combate a la corrupción, apoyo a mujeres emprendedoras y la promoción de espacios seguros para centros de desarrollo infantil en la alcaldía Benito Juárez.
Laura Álvarez consideró relevante que las expresiones atribuidas a la diputada Cecilia Vadillo provengan de quien preside la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso capitalino, lo que calificó como incongruente con ese encargo legislativo.
En el caso del diputado Víctor Hugo Romo, la legisladora señaló que ha sido señalado previamente por incidentes relacionados con expresiones consideradas ofensivas hacia mujeres, por lo que pidió que el IECM revise los antecedentes mencionados en el expediente presentado.
La denuncia incluye una solicitud de medidas cautelares para retirar las publicaciones señaladas y plantea la posibilidad de sanciones que, de proceder, podrían implicar la inscripción de los legisladores en el Registro de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género, lo que impediría su participación como candidatos o su ocupación de cargos partidistas o de designación.
Laura Álvarez aseguró que continuará con su labor legislativa y de territorio en Miguel Hidalgo y otras zonas de la ciudad, y reiteró que, desde su perspectiva, el caso refleja un problema más amplio relacionado con el reconocimiento del trabajo político de las mujeres.