Tres personas fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa contra policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la marcha de la Generación Z, celebrada el pasado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino.
Fernando “N” y Francisco “N”, permanecerán en reclusión bajo prisión preventiva justificada, por el supuesto intento de asesinato de los policías de la SSC; en tanto que Gabriel Pérez Rábago, con la misma imputación, llevará su proceso en libertad, así lo informó su abogado Ricardo Colorado.
A Alberto “N”, Quetzal “N”, Federico “N”, Perla “N” y a Daniela “N” se les reclasificó el delito a resistencia de particulares (cuando una persona se opone de manera activa, con violencia o amenazas, a que una autoridad pública cumpla con sus funciones o a obedecer una orden legal); por lo cual, al ser considerado un ilícito no grave, la autoridad judicial aceptó que lleven su proceso en libertad, con la medida cautelar de firma periódica mensual.
De manera simultánea, Said “N” y Carlos “N”, que tenían imputaciones por el delito de lesiones, fueron vinculados a proceso por lesiones y robo en libertad, con la condición de no acercarse a las víctimas y firma periódica.
13 personas han sido vinculadas a proceso por aparentemente provocar actos violentos hacia policías durante la marcha de la Generación Z.
“Te vas a morir por culpa de Claudia”
Los testimonios de los policías fueron el único dato de prueba para que el juez aceptara que los encarcelados fueron los responsables de provocar los disturbios y violencia hacia los elementos policiacos, sin algún otro medio contundente que sostuviera las imputaciones de la Fiscalía.
En la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de Cuauhtémoc - 2, los agentes de la SSC narraron las supuestas amenazas de muerte que expresaron los manifestantes, así como el repudio hacia pensamientos ideológicos de izquierda a los que los policías, según los manifestantes, sirven.
Relataron que al ser asignados a sus funciones de vigilancia en Palacio Nacional, aproximadamente a las 15:05 horas del 15 de noviembre, observaron a un tumulto de protestantes que se acercaban a las vallas metálicas que resguardaban el recinto y golpearon el muro con mazos y cizallas hasta derribarlo.
“Empiezan a agredir a todos los compañeros policías que realizamos contención, notando que en ese instante al oficial de la preventiva que responde al nombre de Miguel Ángel Dieguez Contreras se le fueron encima varios sujetos, quienes lo empezaron a golpear a patadas y puñetazos, logrando derribarlo al piso, escuchando que le gritaban en todo amenazante”.
“Te vamos a matar puto policía de mierda, le sirves a la izquierda, pinche ojete vendido, vas a morir esbirro del Gobierno, y vas a morir por culpa de Claudia (Sheinbaum) pinche ojete y decían entre sí, vamos a mataro para que no ande de ojete”.
Continuaron su declaración con que a las 15:08 horas, su compañero estaba en el suelo indefenso, por lo que los policías José Eduardo Arellano y Geovani Alberto Martínez intervinieron para evitar que asesinaran al agente Dieguez Contreras.
En ese momento, explicaron, detuvieron a Francisco Colín García de 57 años, así como a Federico Orozco Torres y a Luis Fernando Caballero Escobar.
Uno de los imputados es Gabriel Pérez Rábago, empleado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino, sujeto que en su entrevista con el Ministerio Público narró que acudió a la marcha de manera pacífica a tomar fotografías y que constantemente acude a estos encuentros cuando su sindicato se lo solicita.
Indicó que fue engañado por los agentes, que en medio del caos cuando la protesta llegó al punto más álgido, le recomendaron que se resguardara en un sitio a un costado de los agentes, donde fue retenido y calificado como un hombre violento.
Según los testimonios de dos policías testigos, cuando el hombre presuntamente golpeó a las víctimas, se escuchó que alguien dijo “mátalo”, es por eso que se le imputó por intento de homicidio.
Acusó que fue golpeado de manera brutal por policías, además, dijo, sufrió tortura en su detención.
Reprochan inexistente atención médica
La audiencia, que se prolongó hasta la madrugada del miércoles en los juzgados del Reclusorio Norte, constó de dos recesos, cuando una de las detenidas, Daniela Tussaint Camberos y otro imputado sufrieron padecimientos de salud, como expulsión de sangre por la boca, vista nublada y cuerpo débil, a causa de la aparente golpiza que les provocaron los agentes policiacos.
Una vez fuera del Reclusorio, Tussaint relató que cuando se encontraba en la marcha fue engañada por policías, que le indicaron que la llevarían a una zona segura. Platicó que los granaderos la patearon y le abrieron la frente, la cabeza y adicionalmente le lastimaron el tobillo y las costillas.
“Pensé que iba a pasar algo como lo del 68″, compartió minutos posteriores a su liberación.
Según las defensas de los acusados, el proceso de arresto, procesamiento y enjuiciamiento ocurrió en medio de irregularidades, una de ellas, que las capturas de estas personas jamás se reflejaron en el Registro Nacional de Detenciones, dado que, conforme al dicho de las autoridades, la caída del sistema los días 15 y 16 de noviembre no lo permitió.
Los familiares reclamaron que cuando los detenidos permanecían en las Fiscalías de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, el Ministerio Público se negó a facilitarles las carpetas de investigación y se les entregó hasta media hora antes de la audiencia inicial, es decir, tres días después del arresto.
El abogado de las víctimas, Ricardo Colorado, alegó que los imputados no fueron atendidos por las complicaciones de salud que presentaron luego de que presuntamente fueron agredidos por los policías en una detención arbitraria y con uso excesivo de la fuerza.
Asimismo, advirtió que el juez desestimó las excelentes defensas que realizaron los demás juristas a favor de otros imputados y sin importar los argumentos, la autoridad tenía la consigna de perjudicar a los detenidos, arbitrariedades, que, reprochó Colorado, no han sido atendidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
“Mi cliente Gabriel Rábago está devastado, tiene heridas, en el primer receso estaba tratando de vomitar sangre, no ha recibido la posibilidad de tener asistencia médica. Se está justificando la Fiscalía con un certificado de un doctor, pero no hay un sólo expediente clínico donde haya recibido una tomografía y que vea las lesiones que tiene y el juez está pasando por alto esas cuestiones”.
“Nosotros hicimos las denuncias, le dimos vista al comisionado (de Derechos Humanos) que ha brillado por su ausencia, no hemos visto su trabajo, tiene las facultades de pedir el ingreso al penal, de verificar su estado de salud, unas autoridades ausentes y es lamentable que es un estado de derecho que se jacte de democrático, tengamos este tipo de situaciones”, manifestó el abogado.
A estos señalamientos, la Comisión de Derechos Humanos apuntó que recibió quejas de personas peticionarias y presuntas víctimas/agraviadas, de los cuales se iniciaron siete expedientes y una remisión, en relación con 19 personas, para documentar actos constitutivos de posibles violaciones a derechos humanos en las detenciones, daños a la integridad personal y falta de atención médica. En atención a sus facultades, la institución advirtió que continuará la integración de los expedientes abiertos.
“Frente a actos de violencia y escenarios complejos de colisión de derechos como los registrados en esta manifestación, las autoridades deben actuar de conformidad con el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos, buscando garantizar la dignidad de todas las personas. En este sentido, y de acuerdo con la información difundida por el gobierno y fiscalía capitalina, instamos a que den seguimiento a las investigaciones iniciadas hasta el pleno esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades, garantizando el debido proceso de las personas detenidas”, se lee en el comunicado.
Tres vinculados en libertad por lesiones
En dos audiencias previas, fueron vinculados a proceso en libertad Daniel David Rocha González, de 20 años de edad y José Luis Matus Altamirano de 22 y Enrique Sosa, imputados por el delito de lesiones dolosas en contra de dos elementos policiacos.
Cinco imputados restantes que aparentemente agredieron físicamente a policías, Sergio Velasco Rodríguez, Bryan Mario Mora, Bryan Olivares, José Enrique Arriendos y Eduardo Carrión, solicitaron duplicidad del término constitucional, es decir una ampliación de 72 a 144 horas para preparar mejor la defensa, explorar soluciones alternas o reunir pruebas favorables al imputado. Será el 21 de noviembre cuando se defina si son vinculados a proceso.