En la Ciudad de México el 90 por ciento de exinternos es rechazado o discriminado en trabajos formales debido a sus antecedentes penales, aunque su delito haya sido menor o ya hayan cumplido su condena, lo que incrementa la reincidencia delictiva. Para evitar lo anterior, en los próximos días una legisladora local propondrá sellar los antecedentes penales, un modelo que ha sido exitoso en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido.
De acuerdo con cifras más recientes del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales, la capital ocupa el cuarto lugar en reincidencia delictiva a nivel nacional, pese a los programas implementados por el Gobierno local; que también ha reconocido los obstáculos que tienen las personas liberadas de prisión para conseguir empleo. En agosto 2025, Clara Brugada anunció un nuevo programa para apoyar con 8 mil 500 pesos mensuales a personas con antecedentes por delitos menores que no tengan empleo.
Con el fin de abonar a estas iniciativas, que tienen el objetivo de garantizar una reinserción social efectiva y combatir la reincidencia delictiva, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rebeca Peralta, prepara una iniciativa para establecer el sellado de antecedentes penales (para delitos no graves, de bajo impacto y no violentos).
La propuesta parte de un enfoque de derechos humanos y seguridad pública, para evitar que personas, que ya cumplieron su condena y han demostrado durante años una conducta sin reincidencia, sigan siendo castigadas de manera permanente mediante la exclusión laboral y social.
“Cuando una persona ya cumplió su condena y demuestra durante años que no vuelve a delinquir, el Estado no puede seguir castigándole de por vida”, comentó en entrevista con este diario.
De acuerdo con la legisladora, cerrar las puertas al empleo formal es uno de los principales factores que empujan a la reincidencia delictiva; explicó que el sellado de antecedentes no implica borrar ni eliminar los registros penales, los cuales seguirán siendo accesibles para las autoridades de seguridad y de procuración de justicia. A menos que la persona vuelva a delinquir, el registro se reactivaría por orden judicial.
El objetivo principal es que los antecedentes no sean utilizados para fines administrativos, laborales o civiles, que actualmente funcionan como un mecanismo de discriminación que limita el acceso a oportunidades básicas.
“La evidencia internacional demuestra que el acceso al empleo formal reduce la reincidencia. Si cerramos todas las puertas, empujamos a las personas de regreso a la informalidad o al delito. Esto no es impunidad, es prevención”, aseguró.
No aplicaría para personas que cometen delitos graves
La iniciativa establece plazos diferenciados, determinados por la gravedad del delito y no por decisiones discrecionales. Para personas condenadas por delitos no graves y de bajo impacto, el sellado podrá aplicarse tras cuatro años sin reincidir.
En el caso de delitos no violentos pero de mayor afectación, el plazo se amplía a ocho años. En ambos supuestos, el requisito indispensable es haber cumplido la pena y no contar con una nueva sentencia firme durante ese periodo.
La diputada dejó claro que la iniciativa excluye de manera expresa los delitos graves, entre ellos los cometidos con violencia, los delitos sexuales, los perpetrados contra menores de edad, feminicidio, secuestro, delincuencia organizada y cualquier conducta que represente un alto riesgo para la sociedad.
“Es importante aclararlo: no se borran ni se eliminan los registros, se sellan para ciertos fines. Las autoridades de seguridad y justicia siguen teniendo acceso a esa información; lo que se evita es que esos antecedentes sigan siendo utilizados para discriminar en el acceso al empleo, la educación o trámites civiles”, enfatizó.
Rebeca Peralta detalló que la propuesta busca atender una laguna normativa, ya que actualmente en la Ciudad de México no existe un mecanismo legal de sellado automático de antecedentes. La constancia de no antecedentes penales es únicamente un trámite administrativo que no elimina el uso discriminatorio de los registros ni garantiza una reinserción real.
“El derecho a la reinserción no puede quedarse en el discurso. Si una persona ya pagó su deuda con la sociedad y demuestra durante años que no vuelve a delinquir, el Estado tiene la obligación de no condenarla de por vida”, sostuvo.