En un predio de la alcaldía Venustiano Carranza comenzó el proceso de chatarrización de microbuses del transporte concesionado en la Ciudad de México, con la meta de retirar este año más de 500 unidades y avanzar hacia la sustitución de 2 mil 500 vehículos obsoletos antes de 2030.
Durante el arranque, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que para 2026 se destinarán 535 millones de pesos a un programa de bonos dirigido a concesionarios que decidan retirar unidades que ya rebasaron su vida útil y adquirir vehículos nuevos, preferentemente eléctricos.
El apoyo promedio es de 450 mil pesos por unidad para chatarrización y compra de nuevos autobuses; en caso de optar por electromovilidad, el bono asciende a 900 mil pesos.
Además, explicó que pueden gestionarse recursos adicionales —a través de esquemas internacionales de financiamiento ambiental— por una cantidad similar, lo que permitiría alcanzar hasta 1.8 millones de pesos por unidad eléctrica.
Tan sólo en el arranque de este año se prevé la chatarrización de 220 microbuses, a los que se suman 119 vehículos que ya fueron retirados del servicio. En 2025, de acuerdo con datos oficiales, se desincorporaron 535 unidades de transporte y 299 taxis.
Rutas y corredores en proceso de renovación
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, precisó que la sustitución forma parte de un reordenamiento más amplio en corredores de alta demanda.
En el caso de la Ruta 1, se retirarán 32 unidades que operaban en trayectos como Eduardo Molina–Hospital General, Manchuria–Metro Hidalgo y Oceanía–Metro Revolución.
Para la Ruta 22, el programa contempla la chatarrización de 87 unidades que circulaban del Bordo de Xochiaca y Calle 6 hacia Valerio Trujano, en el Centro Histórico, así como desde Metro Zaragoza y la colonia Voceadores hacia la Alameda Central.
Las unidades retiradas serán reemplazadas por autobuses nuevos. En algunos corredores ya operan 18 trolebuses sencillos y 26 articulados adquiridos por empresas participantes; en la zona de Xochimilco se incorporaron 126 autobuses y 16 vagonetas, según informó la Secretaría de Movilidad.
El funcionario señaló que la renovación permitirá reducir la sobreoferta en ciertos ejes y mejorar la calidad del servicio. Recordó que, bajo el enfoque de la “pirámide de la movilidad”, la prioridad en el uso del espacio público corresponde a peatones y usuarios de transporte público masivo.
Meta al 2030 y apuesta por la electromovilidad
La administración capitalina se fijó como meta retirar todos los microbuses en mal estado antes de 2030. Para cumplirla, se requeriría un ritmo anual de entre 500 y 600 sustituciones.
Clara Brugada llamó a los concesionarios que aún no se han incorporado al programa a sumarse, particularmente a la transición hacia unidades eléctricas.
Argumentó que, aunque implican una inversión mayor, el impacto ambiental y en salud pública es superior, en un contexto de episodios recurrentes de contaminación atmosférica en la zona metropolitana.
“Si hay rutas completas dispuestas a cambiar a vehículos eléctricos, buscaremos los recursos”, señaló durante el acto. De acuerdo con la jefa de Gobierno, el financiamiento adicional puede provenir de fundaciones y organismos internacionales enfocados en mitigación ambiental.
En el evento participaron representantes de las rutas 1, 20, 22, 55 y 61. Entre los beneficiarios del programa se encuentran 97 mujeres concesionarias, un dato que las autoridades destacaron como parte de una estrategia para ampliar la participación femenina en el sector.
El secretario de Movilidad informó que ya opera una escuela de conductoras para capacitar a mujeres como operadoras de transporte público, tanto en organismos gubernamentales como en rutas concesionadas. Según estadísticas citadas por la dependencia, las mujeres registran menores índices de siniestralidad al volante.
Impacto local
La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, subrayó que la demarcación concentra una alta movilidad por su cercanía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y diversos corredores de transporte.
Indicó que la renovación de unidades no sólo incide en la calidad del servicio, sino en la imagen urbana y en la economía de las familias concesionarias, muchas de las cuales han operado los mismos vehículos durante dos o tres décadas.
El proceso de chatarrización consiste en inutilizar de manera definitiva las unidades retiradas, mediante su compactación y destrucción estructural, para evitar que regresen a circulación. En el mismo predio se observó la demolición de varios microbuses que, tras años de servicio, quedaron reducidos a estructuras metálicas.
Para los concesionarios, la transición implica sustituir vehículos que durante años representaron su principal fuente de ingresos. Ricardo Méndez, representante de la Ruta 1, agradeció el respaldo gubernamental y afirmó que el sector busca modernizarse.
El programa forma parte de una política más amplia de movilidad que incluye obras en vías primarias y secundarias, reorganización de circuitos internos y capacitación de operadores. Las autoridades señalaron que continuarán los operativos de chatarrización en distintos puntos de la ciudad a lo largo del año.