La Ministerio Público encargada de las indagatorias del caso AXE Ceremonia notificó que dio la calidad de imputadas a nueve personas físicas, entre los que se encuentran directivos de las empresas que son directivos de Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) y a Seguridad Privada LOBO, esto luego de las presiones que ejerció la defensa de la familia de una de las víctimas fallecidas, Berenice Giles.
Aunque la Fiscalía General de Justicia puede solicitar de inmediato la audiencia inicial al Poder Judicial y presentar ante un juez a todos los presuntos responsables, el abogado de la familia Giles Rivera, Fabián Victoria, explicó a Crónica que una vez frente a la autoridad judicial, la Ministerio Público Mercedes Karina Granados Peralta podría calificarlas únicamente como testigos.
“OCESA y LOBO todavía tienen a su alcance recursos legales para que no se les de la calidad de imputados, estamos seguros que los van a agotar. Cada una fue a presentar sus amparos, fracasaron, les negaron la suspensión condicional y definitiva. En esos amparos, OCESA y LOBO señalaron como autoridad responsable a un juez de control, entonces, como se dieron cuenta que estaban fracasando, desistieron de sus amparos y esperamos que venga otro amparo de cada una de las empresas en los que ahora va a señalar como autoridad responsable a la Ministerio Público y hacer su mejor intento para que les quiten la calidad de imputadas, pero también nosotros vamos a intervenir para defender lo que hemos logrado”, declaró Fabián Victoria.
El 11 de febrero, dicho equipo jurídico denunció ante el Ministerio Público a nueve personas físicas que no se encontraban señaladas en la carpeta de investigación, dado que, acusa la familia y defensa de Giles Rivera, la Fiscalía había favorecido a estos corporativos, con la finalidad de evitar ser imputadas por la instalación ilegal de dos grúas que colapsaron sobre los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, en el festival AXE Ceremonia 2025.
Previamente, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la CDMX, declaró la nulidad del amparo 68/2026 con el que OCESA intentó librar la calidad de imputada. Y dos días después, LOBO ya también desistió de su amparo 67/2026.
“Se le cerró el camino legal a la Ministerio Público, después de que acudimos a diferentes instancias. Se vio obligada (la MP) a darles la calidad de imputadas, pero sabiendo cómo ha actuado la Fiscalía, tenemos la idea de que planea darnos atole con el dedo, es decir, ya puso como imputadas a OCESA y a LOBO, pero cuando la Ministerio Público tenga que hacer una nueva determinación para señalar a todos los imputados, estamos pensando que va a definir que no va a ejercer acción penal en contra de OCESA y LOBO”.
“Para ello va a utilizar los argumentos más absurdos que ha venido utilizando. Tratan de lavarse un poco la cara ante la opinión pública, ya era tanta la presión, ya se había desprestigiado públicamente la Fiscalía con este encubrimiento y protección a OCESA y LOBO, que ya no tuvo de otra y les tuvo que dar la calidad de imputadas; pero al final van a decidir no ejercer acción penal y si así sucede, nosotros vamos a combatir esa decisión”, detalló la defensa de la familia Giles.
En audiencias anteriores, en las que se discutían omisiones de las autoridades, la juez de control, Adriana Ivett Morales Chávez, secundó la presunta ilícita actuación de la Fiscalía, así que le ordenó a la Ministerio Público Mercedes Karina Granados Peralta, que se apartara de los actos de corrupción y le diera la calidad de imputadas a OCESA y Seguridad Privada LOBO.
La transformación en su actuar, según el abogado de la familia Giles, podría tratarse de un excusa para proteger a esos corporativos y al momento de la audiencia inicial, no señalarlos como posibles implicados en el crimen.