El Colectivo Defensores de Tlalpan, conformado por representantes de las diversas comunidades de la demarcación, alzaron la voz contra lo que describen como una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción en la gestión de Alfa González, actual candidata a la reelección por el PRI, PAN y PRD, así como en la administración interina que encabeza.

En un comunicado entregado en las oficinas de la alcaldía, el colectivo expresó su preocupación y su compromiso con la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Destacaron que estas denuncias no son aisladas, sino que revelan una tendencia preocupante en la mala gestión de los asuntos públicos.

Una de las principales preocupaciones del colectivo radica en la asignación de contratos millonarios a un reducido grupo de empresas, sin seguir procesos transparentes y competitivos. Esta falta de transparencia, según el colectivo, evidencia una gestión deficiente y posiblemente corrupta de los recursos destinados al mejoramiento de la comunidad.

En su denuncia, también señalaron la permanencia en el cargo de personal que ha sido inhabilitado por la Contraloría de la Ciudad de México. Un ejemplo destacado es el de Yuritzi Contreras Fuentes, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, quien continúa recibiendo su salario mensual a pesar de haber sido inhabilitada por un periodo de seis meses. Este caso, según el colectivo, es solo una muestra de la falta de responsabilidad en la administración municipal.

Además, el colectivo mencionó casos específicos que ilustran las presuntas irregularidades en la gestión de Alfa González y su equipo. Por ejemplo, se destacó que Aurelio Alfredo Reyes García, Director General de Asuntos Jurídicos en Tlalpan, justificó la permanencia en el cargo de Contreras Fuentes argumentando que la falta "no era grave", sin embargo, no se hicieron públicas las razones de la sanción.

También se revelaron casos de sobreprecios en adquisiciones, como la aprobación de la adquisición de equipos de cómputo por un valor considerablemente más alto que el del mercado, así como el uso de recursos públicos en proyectos no concluidos, como la fuente en el edificio sede de la alcaldía, cuya inauguración nunca se llevó a cabo.

El colectivo también señaló la inhabilitación previa de Héctor Hugo Hernández Rodríguez, ex alcalde de Tlalpan, por irregularidades en un registro de construcción. Estos casos, junto con las observaciones de la Contraloría de la Ciudad de México sobre posibles desfalcos y anomalías en el manejo de recursos destinados a programas sociales, suman un panorama preocupante para la comunidad de Tlalpan.

A esta denuncia se suma el reciente descubrimiento de un camión tipo vactor realizando trabajos de desazolve en una colonia fuera de su jurisdicción, lo que podría implicar un desvío de recursos. Esta situación ha generado un llamado a la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por parte de legisladores locales.

Ante estas revelaciones, el Colectivo Defensores de Tlalpan hizo un llamado a las autoridades competentes a investigar a fondo estas acusaciones y tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la honestidad en la gestión pública, así como a la comunidad a mantenerse vigilante y participativa en el proceso democrático.