Organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos instaron al gobierno mexicano a evitar la impunidad en la investigación sobre las irregularidades presuntamente ocurridas con la muerte y posterior cremación del menor de edad Ángel Manuel, quien perdió la vida mientras se encontraba en las instalaciones del DIF Fabriles, en Nuevo León.
A cuatro meses de su muerte ocurrida bajo la protección de una institución de asistencia pública, y bajo fuertes denuncias sobre su presunto asesinato a manos de un funcionario del lugar, la falta de verdad y de acceso a la justicia siguen siendo una demanda pendiente en este caso por parte de las autoridades, coincidieron organizaciones, quienes alertaron también sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los niños y niñas que están institucionalizados en México.
“Desde la sociedad civil queremos reiterar nuestro llamado por esos niños y niñas, cuyas familias afectadas por desigualdades no se encuentran en condiciones de exigir la garantía a sus derechos. Hacemos un llamado a las instituciones para que haya una investigación objetiva y clara que establezca responsabilidades sobre este caso y revele y penalice a la cadena de custodia con base a las evidencias de los hechos denunciados. Es primordial también que se le dé garantía de seguridad a las personas que puedan haber sido testigo de lo ocurrido con el niño para que, quienes que tengan más información, puedan denunciar sin temor”, señaló Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Además, integrantes de las organizaciones recordaron que desde antes de su muerte, la situación del niño de 14 años de edad, había estado vinculada a otras irregularidades sucedidas en instituciones de niños, niñas y adolescentes a cargo del Estado, entre las que se incluyen su traslado a la sede del DIF Fabriles, luego de que participara en la protesta de una sección de DIF Capullos la tarde del domingo 28 de noviembre de 2021, cuando un grupo de niños y adolescentes se unieron para denunciar presuntos malos tratos en el lugar. A estos hechos se suman también las denuncias reveladas en prensa sobre las deplorables condiciones en las que se encuentran los albergues Fabriles y Capullos, de acuerdo con denuncias sostenidas por la ciudadanía y parte del personal.
“Su traslado a DIF Fabriles, la violencia física a la que fue sometido, su muerte u homicidio detrás de una cremación irregular, señalados por denuncias anónimas, son acciones que conllevan responsabilidades administrativas y penales de funcionarias y funcionarios que no pueden quedar en impunidad", enfatizó Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia.
El pasado 8 de abril, organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos, la niñez y la migración y activista en México y Estados Unidos unieron esfuerzos en una acción simultánea en la que entregaron oficios junto con las firmas, dirigidos a diversas autoridades como la titular de la representación del estado de Nuevo León en la Ciudad de México, María del Pilar Lozano Mac Donald, así como a funcionarias del DIF Nacional, al Fiscal General del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, al titular del DIF Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez Rivera y a la secretaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ivette Mecott. Asimismo, en Estados Unidos ante los representantes de los consulados de México en Florida, Miami; Illinois, Chicago; Atlanta, Georgia y en Houston, Texas.
Alejandro Rodríguez, coordinador de equipo médico y supplentos de Livinghope Wheelchair Association y representante de la organización Alianza para las Américas, comentó que diversas organizaciones conformadas por comunidades hispanas en Estados Unidos siguen el caso de Ángel con preocupación.
“Hemos coordinado y entregado estás más de trece mil firmas a consulados de México para que las hagan llegar a las autoridades correspondientes y lo sucedido con el niño Ángel Manuel Moreno no quede impune, pues queremos que se esclarezca y se haga justicia”, puntualizó.
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