La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este martes dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatulá Ajundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por crímenes de lesa humanidad contra las mujeres y niñas afganas, simplemente por odio de género.
“Los talibanes han privado severamente a niñas y mujeres de sus derechos a la educación, la privacidad y la vida familiar, así como de las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión”, subraya la CPI.
En concreto, el tribunal de la ONU ordenó la detención de ambos líderes, que han ejercido autoridad de facto al menos desde el 15 de agosto de 2021, tras la toma de Kabul, por considerar que han cometido “el crimen de lesa humanidad por haber ordenado, inducido o solicitado la persecución por motivos de género contra niñas, mujeres y otras personas que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género”.
También son víctimas de la persecución por parte de los talibanes los percibidos como opositores a estas políticas represoras misóginas, descritos por los talibanes como “aliados de niñas y mujeres”.
Solicitud desde enero
El fiscal de la CPI, Karim Khan, había solicitado la aprobación de estas órdenes de detención el pasado enero, pero los jueces no las respaldaron formalmente hasta este martes, tras meses analizando las evidencias presentadas por la fiscalía.
“Los talibanes han implementado una política de gobierno que ha resultado en graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil afgana, en relación con actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desapariciones forzadas”, creen los magistrados, pero añaden que, “si bien los talibanes han impuesto ciertas reglas y prohibiciones a toda la población”, subrayan que “han dirigido sus ataques en concreto contra niñas y mujeres por razón de su género”.
Esta “privación” de derechos y libertades se ha impuesto mediante “decretos y edictos” emitidos por las autoridades teocráticas. Además, otras personas “fueron blanco por manifestar formas de sexualidad y/o identidad de género consideradas incompatibles con la política talibán” sobre el género.
“Ataque a la sharía”: Kabul
El gobierno talibán rechazó este martes, mediante un comunicado, las órdenes de arresto contra sus dos líderes, calificándolas como un “insulto a los musulmanes”.
La declaración, difundida por el principal portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, afirmó que el régimen no reconoce la legitimidad ni la autoridad del “llamado Tribunal Internacional”.
“No reconocemos ninguna institución bajo el nombre o título de Tribunal Internacional ni tenemos obligación alguna hacia ella”, afirmó Mujahid.
“Tales anuncios, afirmaciones infundadas y cualquier otra cosa no tienen ningún impacto en la firme determinación y la posición basada en la sharía del Emirato Islámico”, añade el texto en referencia a la conocida como ley islámica.
Relaciones con Rusia
El fallo del CPI llega pocos días después de que el Kremlin anunciara el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Afganistán, convirtiéndose así en el primer país del mundo en normalizar relaciones con el régimen represor contra las mujeres, inédito en el mundo y repudiado incluso entre los países musulmanes.
¿Qué tienen prohibido las afganas bajo el terror talibán?
Las afganas viven sometidas a un “apartheid de género”, según la propia definición de la ONU.
Según las leyes de la sharía (la interpretación más dura del Corán) impuesta por la teocracia talibana, las mujeres y niñas afganas tienen prohibido: asistir a la escuela secundaria y a la universidad; no puede salir de casa sin un acompañante masculino de su familia ni pueden trabajar en la mayoría de sectores.
Están obligadas a usar burka que cubre todo el cuerpo e incluso el rostro, con sólo una rejilla a la altura de los ojos, y tienen prohibido reír en público, hablar con hombres que no sean familiares cercanos e incluso que hablen en voz alta.
No pueden aparecer en medios de comunicación ni participar en reuniones públicas, y sólo pueden ser atendidas por médicas, lo que limita gravemente su acceso a servicios de salud. Además, tienen prohibido escuchar música, usar cosméticos o llevar ropa de colores brillantes. Tampoco pueden practicar deportes ni montar bicicleta o motocicleta.
Son víctimas de matrimonios forzados y no tienen acceso efectivo a la justicia; por lo que son ignoradas o reprendidas al denunciar violencia doméstica.