El Ministerio Público de Honduras informó sobre la detención de seis personas acusadas de integrar una red criminal liderada desde prisión por un exalcalde que operaba en el municipio de San Marcos, departamento de Santa Bárbara y que según información de investigadores, habría desviado fondos públicos millonarios para su beneficio personal.
Las capturas fueron ejecutadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) Regional Norte, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante allanamientos en el marco de una investigación por el desvío millonario de fondos públicos, según un comunicado de la Fiscalía hondureña.
Entre los capturados figuran el jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde de San Marcos, Jesús Alberto Hernández; Sandra Perdomo, regidora y esposa del exalcalde Pedro Aguilar; Dania Iveth Villalvir, tesorera municipal; Ada Lizeth Pineda, auditora municipal; Lourdes Borjas Maldonado, jefa de personal, y Elisa Castellanos, contadora municipal.
A información de las autoridades, la red “manipulaba documentos y cuentas municipales, autorizaba pagos irregulares, adquiría bienes de lujo y cobraba sobornos a cambio de contratos de obras sobrevaloradas”.
Asimismo, esta era dirigida desde la prisión por el exalcalde Pedro Aguilar, del minoritario partido Alianza Patriótica, actualmente investigado por presuntos vínculos con narcotraficantes condenados en Estados Unidos.
Desde 2023, el exalcalde dirigía “por teléfono esta organización”, pese a estar legalmente inhabilitado y recluido en el Centro Penal de Támara, al norte de Tegucigalpa, indicó la Fiscalía.
Las investigaciones exponen cómo la red planificó y utilizó “cantidades millonarias del presupuesto municipal” para beneficiar a Hernández y, no obstante, adquirió dos vehículos de lujo, una vivienda, armas de fuego y realizó una “compra ficticia” de mochilas para proyectos sociales que nunca fueron entregadas a la comunidad.
Los delincuentes enfrentan acusaciones por abuso de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos y complicidad en malversación por uso y administración desleal del patrimonio público, finalizó el Ministerio hondureño.