Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA), promulgada en 1798, para acelerar las deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua (TdA). La decisión allana el camino hacia un posible fallo de la Corte Suprema.
Trump había emitido en marzo una proclamación presidencial para aplicar la AEA contra ciudadanos venezolanos, a quienes señaló como integrantes de una organización criminal extranjera que, según sus palabras, representa una “invasión depredadora” a territorio estadounidense.
Sin embargo, un panel de tres jueces del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, resolvió por mayoría de 2 a 1 que la ley no aplica a este caso y rechazó el argumento de la supuesta invasión planteado por la Administración Trump.
La AEA, aprobada a finales del siglo XVIII, autoriza la expulsión de “nativos, ciudadanos o súbditos de una nación hostil” únicamente en contextos de guerra formalmente declarada o cuando una potencia extranjera participa en una “invasión o incursión depredadora” contra Estados Unidos.
El fallo enfatiza que “el fomento de la migración ilegal por parte de un país no equivale a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o causar daños en Estados Unidos”, y subraya que no existe evidencia de que la inmigración masiva pueda considerarse como una fuerza militar o estructurada. Bajo esta interpretación, concluyó que no había una invasión ni una incursión atribuible a una nación extranjera.
Cabe recordar que en enero Trump ya había restablecido la política de “expulsión inmediata” de indocumentados, medida que aplicó en su primer mandato (2017-2021), y que permite deportar a personas sin audiencia judicial si no logran demostrar al menos dos años de residencia continua en el país.
Por ahora, la decisión del tribunal de apelaciones es vinculante para los estados que conforman el Quinto Circuito, Luisiana, Misisipi y Texas, donde se habían puesto en marcha deportaciones con base en la AEA.
La demanda que frenó el uso de la ley fue presentada y defendida por la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), que celebró el fallo por considerar que “deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan”.