El gobierno de Estados Unidos acordó pagar 4.76 millones de dólares a El Salvador a cambio de recibir más de 200 migrantes deportados, según documentos judiciales que precisan las exigencias de que estos fondos no sean usados en asesoría legal a solicitantes de asilo a EU, entre otras condiciones.
Los detalles del pacto salieron a la luz como parte de las evidencias en una demanda liderada por el grupo de derechos civiles Democracy Forward contra este acuerdo, firmado entre las administraciones de Donald Trump, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El documento es una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense al Gobierno de El Salvador, con fecha del 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesión de 4.76 millones de dólares destinados al apoyo penitenciario y logístico para la detención de estos migrantes, en su mayoría venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Este también estipula la prohibición de estos fondos para uso en asesoría legal a migrantes que soliciten asilo o referirlos a abogados en EU, además de restringir el apoyo a UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados de Palestina, o actividades relacionadas con servicios de salud reproductiva.
Según la carta, el acuerdo no crea obligaciones bajo derecho internacional, por lo que cualquier diferencia será resuelta solo mediante consultas diplomáticas directas entre ambos gobiernos.
“La correspondencia entre el Departamento de Estado de EE. UU. y El Salvador confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: la administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar de forma significativa que las personas desaparecidas de EE.UU. a la infame prisión salvadoreña CECOT estuvieran protegidas de la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos”, expresó la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman.
En un comunicado, Perryman insistió en que “el acuerdo sí se esforzó por garantizar que los fondos que Estados Unidos proporcionó a El Salvador no se utilizaran para brindar atención de salud reproductiva ni para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento”.
El pasado marzo, el Gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía y los trasladaron a la megacárcel de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
En este grupo se incluyó el salvadoreño Kilmar Ábrego García, el cual fue convertido en símbolo de la lucha contra las políticas antimigratorias del mandatario republicano.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este 3 de septiembre que Trump, no puede usar esta legislación para acelerar las deportaciones de migrantes, lo que encamina la disputa hacia un posible fallo de la Corte Suprema. (Con información de EFE)