
Jair Bolsonaro se convirtió este jueves en el primer presidente de Brasil condenado por uno de los delitos más graves del Código Penal: el intento de subvertir la democracia mediante un golpe de Estado para derrocar al presidente electo Lula da Silva (y en caso necesario asesinarlo).
El expresidente ultraderechista fue condenado este jueves a 27 años y tres meses de cárcel, aún no irá a prisión y su defensa podrá presentar un recurso de apelación contra el fallo dictado por los jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema, o para posponer su aplicación.
Con cuatro de cinco votos a favor, Bolsonaro y los otros siete reos en la causa fueron declarados culpables de delitos contra la democracia, como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.
Tras la publicación de la sentencia con la decisión judicial, que puede demorar hasta 60 días desde el juicio, las defensas del expresidente y los otros siete condenados disponen de un plazo para interponer un escrito de apelación.
En Brasil, las condenas mayores a ocho años de prisión requieren de cumplimiento a régimen cerrado. Sin embargo, por sus problemas de salud y edad avanzada, el exjefe de Estado, de 70 años, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, algo que ya ha sido considerado por su defensa, según declaraciones públicas.
Recientemente, el Supremo le otorgó prisión domiciliaria al exmandatario Fernando Collor de Mello (1990-1992), de 76 años, quien alegó diversos problemas de salud.
Bolsonaro ya se encuentra actualmente en prisión domiciliaria por violación de medidas cautelares que le habían sido impuestas en el marco de otro proceso.
“Líder de una organización criminal”
Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Primera Sala decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en la que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.
En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado “líder” de una “organización criminal” que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.
Bolsonaro y los otros siete reos fueron declarados culpables de delitos contra la democracia, como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.
Según la acusación formulada por la Fiscalía General y aceptada por cuatro de los cinco jueces, la conspiración comenzó en junio de 2021, poco más de un año antes de las elecciones y cuando Lula comenzaba a despuntar en las encuestas.
La trama fue desarrollada en diversas fases y comenzó con una dura campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral del país dirigida por el propio Bolsonaro, de acuerdo a la acusación.
La conspiración pasó de las palabras a los hechos después de que Lula ganó las elecciones de octubre de 2022, con intensas protestas, atentados frustrados por la Policía y campamentos en las puertas de los cuarteles en los que miles de bolsonaristas exigían al Ejército que impidiera la investidura de Lula.
El líder progresista asumió el poder finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha salieron de uno de esos campamentos en Brasilia para asaltar con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.
De acuerdo a la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista que ha llevado a las condenas y que, según la acusación, fue “liderada” y dirigida personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de “perpetuarse en el poder” e instalar “una dictadura” en Brasil.