En un hecho sin precedentes, La legislatura del estado de Carolina del Norte aprobó recientemente una reforma penal conocida como “Ley Iryna”, impulsada tras el brutal asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un vagón de tren ligero en Charlotte. La normativa, ya firmada por el gobernador Josh Stein, endurece las reglas sobre fianzas, reduce la discrecionalidad judicial y, en sus cláusulas más controversiales, abre la puerta a la reactivación de ejecuciones después de casi veinte años de pausa en el estado.
Este hecho ha generado un gran debate en torno a esta decisión, pues, mientras estratos de la población están a favor de esta medida, otra percibe la misma como un retroceso inhumano. No obstante, Brown ya enfrenta un total de 14 cargos estatales por homicidio en primer grado y cargos federales por causar muerte en un sistema de transporte masivo, los cuales pueden conllevar la pena capital.
Investigaciones revelan que, minutos antes del crimen, Brown estaba sentado justo detrás de Zarutska. De repente, sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces por la espalda. Cámaras de vigilancia captaron el ataque. Tras el arresto, fue trasladado a un hospital estatal para evaluación mental, mientras su defensa ha planteado que presenta antecedentes de esquizofrenia y trastornos psiquiátricos.
Zarutska llegó Estados Unidos huyendo de la guerra en Ucrania, con la esperanza de construir una vida más segura.
¿Qué implica la ‘Ley Iryna’?
La reforma, nombrada en homenaje a Zarutska, contiene varias modificaciones legales profundas, entre las que destacan la eliminación de la posibilidad de fianza sin pago de efectivo para delitos violentos y reincidentes. Además, limita el margen de discrecionalidad de jueces y magistrados para otorgar libertades provisionales.
También introduce evaluaciones de salud mental más estrictas, obligando a ciertos acusados a someterse a revisiones antes de decisiones sobre libertad condicional. Contempla la reactivación de ejecuciones —utilizando métodos como fusilamiento o electrocución, de aprobarse modificaciones jurisdiccionales— en caso de que la inyección letal ya no esté disponible o sea declarada inconstitucional.
Aunque Carolina del Norte no ha ejecutado prisioneros desde 2006, la ley marca un retorno simbólico al debate de la pena capital en ese estado.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi afirmó que el asesinato fue “un resultado directo de políticas fallidas de indulgencia con el crimen que ponen a los criminales por delante de las personas inocentes”.
En contraste, la madre de Brown declaró en entrevistas para medios de comunicación que buscó el internamiento involuntario del inculpado luego de que haber presentado conductas violentas. Un médico especialista lo diagnosticó con esquizofrenia, a pesar de ello, nunca comenzó algún tipo de tratamiento o internamiento.
La familia del homicida, señaló también que Brown Jr. confesó haber asesinado a la joven refugiada debido a que creyó que ella le estaba “leyendo la mente”. Asimismo, estaba convencido de que el gobierno le había implantado un microchip en el cerebro. Según él, una “sustancia en su cuerpo” lo obligó a matar a Iryna Zarutska.
De acuerdo con declaraciones de Tracey Brow, hermana del acusado, el comportamiento de su hermano se habría tornado agresivo y esquizoide luego de salir de la cárcel en 2022.