La Fiscalía de Perú solicitó cadena perpetua para Víctor Polay Campos, exlíder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por su presunta responsabilidad en una serie de asesinatos cometidos contra integrantes del colectivo LGTBI durante los años más violentos del terrorismo en el país. El caso, conocido como “Las Gardenias”, ha vuelto a poner en la discusión pública los crímenes de odio ocurridos durante el conflicto interno.
Según la investigación del Ministerio Público, en mayo de 1989 un comando del MRTA ingresó al bar “Las Gardenias”, ubicado en Tarapoto, en la región San Martín, donde ejecutaron a ocho hombres pertenecientes a la comunidad LGTBI. Para los fiscales, este ataque no fue un hecho aislado, sino parte de una política interna de “limpieza social” aprobada por el grupo subversivo en 1988.
Además de este ataque, la Fiscalía también atribuye al MRTA otros asesinatos cometidos entre 1990 y 1992, los cuales también habrían tenido como objetivo a personas perseguidas por su orientación sexual. Entre las víctimas identificadas se encuentran Luis Pinchi, Silvano Vela y Salomón Pérez, cuyos casos se han incorporado al expediente judicial.
El Ministerio Público no solo pidió cadena perpetua para Polay, sino también para otros cinco exintegrantes del MRTA: María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García. A todos ellos se les acusa como autores mediatos, es decir, como responsables por ordenar o permitir estas acciones dentro de la estructura del grupo terrorista.
Los fiscales sostienen que existe evidencia suficiente que demuestra que los crímenes fueron ejecutados como parte de una estrategia organizada, donde los ataques contra personas LGTBI se consideraban una forma de “control social”. Por ello, la acusación formal es por terrorismo agravado y homicidio calificado, delitos que en el sistema peruano pueden recibir la máxima pena de prisión de por vida.
Además, la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para Víctor Polay mientras avanza el proceso, argumentando que existe riesgo de fuga, ya que no cuenta con arraigo en el país y la mayoría de sus bienes se encuentran embargados. Actualmente, Polay cumple una condena previa de 35 años en la Base Naval del Callao, donde se encuentran recluidos los principales líderes del terrorismo en Perú.
¿Cuándo se llevará a cabo la audiencia?
La audiencia donde se revisará el pedido de prisión preventiva está programada para el próximo 26 de noviembre, y se espera que atraiga una amplia atención debido a la relevancia histórica del caso.
Organizaciones de derechos humanos en Perú y otros países han destacado la importancia de este proceso, señalando que estos crímenes, cometidos hace más de tres décadas, representan uno de los episodios más dolorosos para la comunidad LGTBI. Afirman que llevar este caso ante la justicia es un paso clave para garantizar verdad, memoria, reparación y justicia para las víctimas y sus familias.
También recuerdan que, debido a estos asesinatos en Tarapoto, en el Perú se conmemora cada 31 de mayo el Día Nacional de Lucha contra los Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales, lo que demuestra la trascendencia histórica de este proceso judicial.
Con este nuevo impulso legal, la Fiscalía peruana busca que los responsables de estos crímenes respondan finalmente ante la justicia y que los asesinatos motivados por prejuicio y odio no queden impunes.