La Unión Europea lanzó este martes un mensaje directo a Israel tras la aprobación de la ley que permite aplicar la pena de muerte por ahorcamiento a palestinos acusados de asesinato con motivación terrorista.
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, habló en nombre de las Veintisiete naciones para subrayar que la norma representa “un grave retroceso” y contradice la moratoria de facto que Israel mantuvo durante décadas sobre las ejecuciones.
Kallas recordó que la UE rechaza la pena capital “en todos los casos y circunstancias”, y advirtió que la nueva legislación tiene “un carácter discriminatorio de facto”, ya que no establece los mismos criterios para ciudadanos israelíes.
Según la norma, los tribunales militares deberán imponer la ejecución a palestinos de Cisjordania, mientras que los tribunales civiles que juzgan a israelíes podrán optar por la cadena perpetua u otras penas.
Críticas dentro de Israel por la ley aprobada
Un portavoz comunitario, Anouar El Anouni, reforzó el mensaje europeo al señalar que la introducción de la pena de muerte, sumada a su aplicación desigual, “supone un claro paso atrás”. Mencionó además que en Israel ya se han presentado recursos ante el Supremo y que voces internas cuestionan la reforma.
Bruselas insiste en que Israel tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los derivados del Acuerdo de Asociación UE–Israel. La pena capital, señalaron las autoridades europeas, viola el derecho a la vida, no evita crímenes y hace irreversibles los errores judiciales.
Parlamento dividido
La aprobación en la Knéset estuvo marcada por un fuerte debate: 62 votos a favor y 48 en contra. Organizaciones de derechos humanos sostienen que la legislación se aplicará en la práctica únicamente a palestinos, mientras que ciudadanos judío-israelíes recibirán sentencias distintas aun en casos de delitos graves con motivación ideológica.
La UE reiteró que mantiene canales diplomáticos abiertos con Israel y que sigue en análisis un paquete de medidas restrictivas, entre ellas la suspensión de concesiones comerciales y sanciones a ministros y colonos involucrados en actos de violencia.