La cara de orgullo del presidente Lula da Silva mientras estrellaba una botella de espumoso en el caza F-39E Gripen lo dice todo: Brasil entró oficialmente el sábado 28 de marzo en el selecto club de seis países (ahora siete) fabricantes de aviones de caza supersónico, junto a Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Suecia e India.
Al lado del presidente brasileño, quien no pronunció un discurso ni puso nombre a las posibles amenazas bélicas que se ciernen sobre el gigante sudamericano, el ministro de Defensa, José Mucio, declaró que fabricar en suelo patrio esta aeronave de cuarta generación, que puede llevar hasta diez misiles y alcanzar los 2,400 kilómetros por hora, supone un hito para la defensa y, subrayó, “consolida nuestro poder disuasorio para garantizar la soberanía y la seguridad regional”.
El F-39, fabricado por la empresa aeronáutica brasileña Embraer con tecnología comprada a la sueca Saab, supone el primer caza supersónico hecho en América Latina, aunque no sean los primeros aviones que surcan los cielos de Sudamérica a más de 1,235 kilómetros por hora, velocidad a la que se rompe la barrera del sonido.
Argentina recuperó a finales de 2025 su capacidad supersónica al adquirir 24 cazas estadounidenses F-16 de segunda mano (procedentes de Dinamarca), tras casi una década sin este tipo de aeronaves; Perú cuenta con 19 MiG-29 rusos y 12 Mirage 2000 franceses; Venezuela cuenta con 19 F-16 estadounidenses y 23 Su-30 rusos. En cuanto a Colombia, posee 11 cazas Kfir israelíes que están a punto de cumplir su periodo de vida útil, por lo que ya ha mostrado interés en adquirir 22 cazas brasileños.
Esta carrera armamentista en América Latina, con Brasil a la vanguardia y muy alejado del resto, cuenta con un competidor claramente rezagado, pese a su peso en la región, y pese a que está en primera línea de un potencial frente de batalla, como recuerda de cuando en cuando el presidente estadounidense Donald Trump: México.
La “excepción mexicana”
México también cuenta con aviones de combate supersónicos, los F-5, y actualmente forman el Escuadrón Aéreo de Defensa 401, con base en Santa Lucía, Estado de México. Adquirió originalmente 12 aeronaves (10 F-5 monoplaza y 2 F-5 biplaza), en dos tandas: 1983 y 1995. Tras perder dos en accidentes, la flota se redujo a 10 y, hasta 2025, de estos solo tres se encuentran operativos.
Con 43 años de servicio en México, los tres F-5 operativos componen una de las flotas de combate más longevas del mundo aún en servicio. Aunque se llegó a hablar de sustituirlos, la Sedena anunció una “repotenciación” de los F-5 y aseguró que son “suficientes para las necesidades” del país. Nada hace indicar que el gobierno de Claudia Sheinbaum piense abordar a corto o medio plazo un reemplazo para modernizar la Fuerza Aérea Mexicana, pese a la amenaza de Trump de una intervención militar en territorio mexicano, alegando que “los cárteles son los que mandan”.
Por tanto, aunque la expresión es un cliché, se adapta perfectamente a la realidad: México es un gigante económico y un enano militar. La decimotercera economía mundial —ligeramente por debajo de España, según el informe 2026 del FMI— es la última de las seis mayores potencias regionales en inversión en Defensa, con un 0.9% del presupuesto total, frente al 3.36% de Colombia, que encabeza la lista, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.
En términos absolutos, la diferencia entre los dos principales países de la región es abismal. Brasil cuenta para este año con un presupuesto en defensa de 27,100 millones de dólares, frente a los 9,486 millones destinados por México. Pero lo más sobresaliente es en qué invierten ambos países el presupuesto militar.
Con un ejército ligeramente más pequeño que el de México, pese a doblarle en población —376,000 soldados frente a 387,000—, Brasil ha destinado la mayor parte de su presupuesto en los cazas supersónicos, recién salidos de fábrica, y en el desarrollo del primer submarino nuclear de América Latina (en construcción). Además, cuenta con dos empresas con sectores especializados en defensa: Embraer y Avibras, capaces de exportar tecnología, como los aviones de transporte militar C-390 vendidos a la OTAN.
En cuanto a México, que no cuenta con empresas militares y depende casi en su totalidad de la importación militar (principalmente de EU), la Secretaría de Defensa Nacional no está principalmente enfocada a la disuasión frente a un enemigo externo, sino al enemigo interno: el crimen organizado, los cárteles.
Llegados a este punto, la pregunta es si la actual estrategia de defensa de México es la acertada, si debería seguir el modelo brasileño o bien buscar una modernización con características propias.
¿Qué modelo seguir?
Partiendo del consenso de que, efectivamente, el mayor enemigo de México “está en casa” (el crimen organizado, coludido muchas veces con autoridades políticas y militares), sería absurdo realizar una inversión de decenas de miles de millones de dólares en cazas para vigilar las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, como hace Brasil.
Tampoco es congruente mantener la actual estrategia de militarización del país —incluida la creación de la Guardia Nacional, una especie de policía semimilitarizada, de eficacia aún no probada—, con desvío de gran parte del presupuesto a entregar a los militares la construcción y el control de obras civiles, como el Tren Maya.
David Mora, analista sénior en México del International Crisis Group e investigador sobre crimen organizado, señala que México es el ejemplo paradigmático de amenaza híbrida (no de un ejército extranjero, sino de la amenaza de grupos armados que emplean tácticas guerrilleras, terrorismo urbano y control territorial; todo ello, gracias al financiamiento a través de narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsión y lavado de dinero, que crean economías paralelas que compiten con el Estado).
Por eso, señala y coincide con otros observadores, la estrategia mexicana debería pasar por invertir en mejor capacitación de las tropas, no para vigilar trenes, sino para emboscar y combatir a los narcos, con radares y drones espía y de combate de última generación, destruir laboratorios e interceptar el tráfico de drogas (especialmente en aduanas navales y terrestres), colaborar con otros servicios de inteligencia y, muy importante, invertir mucho en capacidad para cortar en seco el lavado de dinero y el financiamiento de los cárteles, para evitar no solo que compren las armas que les venden las armerías en Estados Unidos, sino para acabar con la extorsión a empresarios y ciudadanos y la infiltración de estructuras criminales en los gobiernos locales, fuerzas de seguridad y sistemas de justicia.
Al respecto, Guadalupe Correa-Cabrera, codirectora del Centro de Investigación sobre Corrupción, Redes y Crimen Transnacional (CONTRA), subrayó que el eje central de cualquier estrategia efectiva pasa por reformas, tanto en México como en Estados Unidos, para desmantelar las redes financieras de los cárteles.
En resumen, si la militarización del país ha llegado para quedarse, la nueva estrategia debería pasar por reforzar la inteligencia, combatir el lavado de dinero, fortalecer las instituciones civiles (que no se sometan a las militares) y la cooperación bilateral, sin que se cruce la línea roja: la violación de la soberanía.