En un gesto inaudito y claramente intimidatorio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió este miércoles a la sesión de la Corte Suprema que debate la legalidad de su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, que el republicano quiere negar a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.
Unos 255,000 niños al año podrían verse afectados si la Corte Suprema se pone de lado de Trump y reafirma las limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute.
Esta es la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal, que ya en junio de 2025 falló a favor de Trump y levantó los bloqueos en tribunales menores a la controvertida política. Sin embargo, la presencia del mandatario republicano, que en la víspera insultó a los jueces, no pareció influir en el parecer de los togados.
Escepticismo de los jueces
Varios de los nueve jueces —incluidos aquellos que él mismo designó durante su primer mandato— se mostraron sumamente escépticos ante el decreto de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento. Varios jueces conservadores arremetieron contra la interpretación que hace la administración de la historia y los precedentes vinculados a la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda.
Con Trump sentado entre el público durante parte de la audiencia, varios de los jueces interrogaron con dureza al procurador general de EU, John Sauer, sobre el intento del presidente de redefinir la ciudadanía por nacimiento tal como se ha entendido durante al menos un siglo.
Contra el “turismo de nacimientos”
Sauer argumentó que el decreto emitido por el presidente en su primer día de mandato está dirigido a combatir el “turismo de nacimientos”. Roberts señaló que los redactores de la 14ª Enmienda no podrían haber concebido, en aquel momento, que lo que estaban promulgando se aplicaría a dicha situación, dado que esta no existía en el siglo XIX. “Ahora vivimos en un mundo nuevo”, respondió Sauer.
“Es un mundo nuevo —replicó Roberts—. Pero la Constitución sigue siendo la misma”.
Trump ha defendido su posición diciendo que esta legislación se aprobó tras la guerra civil (1861-1865) para proteger a los “hijos de los esclavos” y no para “quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía” estadounidense.
Incluso los jueces conservadores más firmes del tribunal parecieron tener reservas respecto a la postura de Sauer.
El tono de los argumentos varió ligeramente durante la segunda mitad de la sesión, cuando varios jueces conservadores también interrogaron a la abogada de la ACLU, Cecillia Wang, acerca de su postura. Dichas preguntas se centraron, en particular, en el argumento de Wang de que las personas no necesariamente deben establecer un “domicilio” en Estados Unidos para obtener la ciudadanía. No obstante, en la mayoría de los casos, las preguntas formuladas por los jueces conservadores a Wang parecieron tener un carácter más aclaratorio que de ataque directo a su posición.
“El caso más importante en los últimos 100 años”
“Si el presidente Trump desea acudir a la Corte Suprema para ver cómo la ACLU le da una lección sobre el significado de la Constitución y la ciudadanía por derecho de nacimiento, estaremos encantados de sentarnos junto a él en ese mismo tribunal”, dijo Anthony D. Romero, de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU).
El director ejecutivo de la organización, que respalda la demanda contra Trump en el Supremo, indicó hoy en un comunicado que “cualquier intento de desviar la atención de la gravedad y la importancia de este caso no tendrá éxito” y afirmó que el tribunal “está a la altura de la tarea de interpretar y defender la Constitución, incluso bajo la atenta mirada de un presidente en ejercicio”.
“Este es uno de los casos más importantes de los últimos cien años” de Estados Unidos, insistió Romero.
Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña del líder republicano, que regresó al poder hace más de un año con una recrudecida política antiinmigración.
El presidente firmó la orden ejecutiva el mismo día en que asumió su segundo mandato en enero de 2025, aunque esta fue recurrida casi de inmediato en cortes de varios estados.
La decisión del Supremo de escuchar argumentos en este caso significa la revisión de un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en el territorio.
Trump ha defendido su posición diciendo que esta legislación se aprobó tras la guerra civil (1861-1865) para proteger a los “hijos de los esclavos” y no para “quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía” estadounidense.
Trump abandonó la sala del tribunal una vez concluida la intervención de Sauer.
Se espera que se emita un fallo antes de finales de junio.