El Gobierno de Javier Milei destacó la aprobación de la nueva ley de glaciares, una reforma que permite avanzar con proyectos mineros en áreas cercanas a reservas de agua dulce y que, según el Ejecutivo, corrige fallas técnicas de la norma vigente desde 2010.
En un comunicado oficial, la administración federal afirmó que esta actualización consolida la seguridad jurídica y devuelve a las provincias mayor capacidad para decidir sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales.
La Casa Rosada consideró que la reforma es “histórica” porque, a su juicio, delimita con más precisión qué zonas deben ser protegidas y cuáles habían sido clasificadas erróneamente como glaciares.
De acuerdo con la postura oficial, el cambio mantiene la protección de los cuerpos de hielo y de las geoformas periglaciares que cumplen funciones hídricas, pero habilita la explotación en terrenos que —según estudios provinciales— no forman parte del área ambientalmente sensible.
¿Para qué sirve esta nueva ley de glaciares?
El Gobierno sostiene que la medida busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico, bajo la idea de que ambos pueden convivir sin contradicción.
Con esta reforma, afirma, será posible avanzar hacia un “federalismo ambiental real” y una administración más eficiente y soberana de los recursos estratégicos del país.
Reacción de mineros
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aseguró que la nueva ley envía una señal favorable para la actividad productiva y mejora la “previsibilidad normativa”, un punto que consideran clave para impulsar inversiones y generar empleo.
La iniciativa del Ejecutivo ya había sido aprobada por el Senado en febrero y superó su último paso en la madrugada de este jueves, cuando la Cámara de Diputados avaló los cambios.
La ley original, vigente desde 2010, fue pionera en la región al establecer a los glaciares como reservas estratégicas de agua y prohibir actividades extractivas que pudieran afectarlos.
Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de críticas por diversas organizaciones ambientalistas
Críticas por parte de ambientalistas
Ahora bien, la modificación provocó un rechazo inmediato desde el sector ambiental. Diversas organizaciones advirtieron que el cambio pone en riesgo reservas hídricas clave y que no puede permitirse que intereses privados prevalezcan sobre derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución argentina.
El descontento también llegó a organismos internacionales. A inicios de marzo, cuatro relatores de Naciones Unidas enviaron una carta al presidente Milei expresando preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre el cambio climático y los derechos humanos.
Las protestas no tardaron en aparecer. La mañana del miércoles, activistas de Greenpeace escalaron un monumento frente al Congreso y desplegaron un enorme mensaje dirigido a los legisladores: “Diputados no traicionen a los argentinos. La ley de glaciares no se toca”.
Más tarde, mientras avanzaba la sesión en Diputados, manifestantes se reunieron alrededor del recinto bajo un fuerte operativo de seguridad para reiterar su rechazo.
Las organizaciones ambientales también señalaron la falta de información oficial actualizada. No existe un registro nacional de proyectos mineros ubicados en zonas glaciares o periglaciares, pero coinciden en que muchas concesiones afectan o podrían afectar áreas sensibles.
Un informe del propio Gobierno argentino, publicado en 2016, reconoció la existencia de 44 proyectos mineros en ambientes periglaciares, de un total de 77. Desde entonces no se han difundido nuevos datos, aunque se presume que la cifra podría ser mucho mayor: en los últimos tres años, la cantidad de proyectos mineros en el país aumentó de 160 a 325.