Las denuncias sobre las condiciones dentro de Delaney Hall, el centro de detención migratoria de ICE ubicado en Newark, Nueva Jersey, ahora serán revisadas por la Fiscalía estatal. La investigación llega después de que tres inmigrantes murieran en el lugar en menos de un año y de que personas detenidas denunciaran problemas que van desde presunta negligencia médica hasta falta de alimentos.
La División de Derechos Civiles de la Fiscalía General de Nueva Jersey comenzó este viernes el procedimiento y emitió las primeras citaciones para determinar si hubo acciones u omisiones por parte de trabajadores de GEO Group, empresa privada encargada de operar las instalaciones, que pudieron haber vulnerado los derechos de las personas bajo custodia.
La revisión de las autoridades ocurre después de una serie de fallecimientos registrados en Delaney Hall.
La primera muerte ocurrió en diciembre, cuando falleció el haitiano Jean Wilson Brutus. El pasado fin de semana se reportó la muerte del salvadoreño Edwin López Cornejo y, posteriormente, trascendió que a finales de julio murió otro inmigrante cuya identidad no ha sido dada a conocer.
Estos casos se suman a las denuncias de quienes permanecen o permanecieron detenidos en el centro, quienes han señalado las condiciones que enfrentan durante su estancia.
Entre los señalamientos aparecen presunta negligencia médica, escasez de alimentos y condiciones consideradas inhumanas.
Las inconformidades llegaron incluso a provocar una huelga entre mayo y junio por parte de los inmigrantes detenidos.
Sin embargo, la protesta terminó principalmente por el temor de los internos a posibles represalias, el aislamiento y los traslados forzosos. Después de la huelga, la empresa que administra el centro comenzó a trasladar a los detenidos hacia otras instalaciones de detención en distintas partes de Estados Unidos.
Ahora, la Fiscalía busca establecer si las condiciones denunciadas y las actuaciones del personal de GEO Group implicaron violaciones a los derechos civiles de las personas detenidas.
Fiscalía revisará posibles violaciones a los derechos civiles
La fiscal de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, señaló que el estado tiene la obligación de proteger los derechos civiles de todas las personas que se encuentran dentro de su territorio, incluso aquellas que permanecen bajo custodia de una empresa privada.
En ese sentido, destacó que entre esos derechos se encuentran recibir un trato humano y contar con atención médica adecuada.
La investigación no se limitará únicamente a revisar las condiciones generales del centro. Las autoridades también analizarán si alguna acción u omisión de los empleados de GEO Group estuvo relacionada con la vulneración de los derechos de los detenidos.
En caso de encontrar infracciones, la Fiscalía adelantó que emprenderá las acciones de cumplimiento civil que correspondan, con base en la Ley de Derechos Civiles de Nueva Jersey y la Ley contra la Discriminación del estado.
Davenport también pidió a las personas que hayan estado detenidas en el centro compartir sus experiencias para que las autoridades puedan conocer los hechos y tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos.
Investigación llega a GEO Group
La revisión de la Fiscalía ocurre mientras existe otro litigio entre el Departamento de Salud de Nueva Jersey y GEO Group.
En junio, la Fiscalía presentó una demanda para conseguir una orden que obligue a la empresa a permitir el acceso de autoridades estatales a Delaney Hall con el propósito de realizar inspecciones sanitarias.
Por ello, la nueva investigación sobre posibles violaciones a los derechos civiles se desarrolla en un contexto en el que las autoridades estatales ya mantienen un enfrentamiento legal con la compañía que administra el centro.
Delaney Hall es una instalación de ICE con capacidad para albergar a más de mil internos.
El lugar es operado por The GEO Group mediante un contrato de 15 años con un valor de mil millones de dólares. La empresa es una de las principales compañías dedicadas a la administración de prisiones privadas, centros de detención migratoria y servicios relacionados con la salud mental.
El centro ya había funcionado anteriormente como espacio para albergar inmigrantes entre 2011 y 2017, pero volvió a abrir sus puertas hace aproximadamente un año.