El Gobierno de Tailandia implementó a partir de este martes un estricto cambio en su política migratoria que revierte los beneficios otorgados al turismo internacional el año pasado. Con la entrada en vigor de esta medida, ciudadanos de países como México, Colombia, Panamá, Cuba y Uruguay perderán el derecho de ingresar sin visado y tendrán que tramitar el documento obligatoriamente antes de viajar.
Asimismo, las autoridades recortaron de 60 a 30 días el periodo de estancia libre para más de medio centenar de países. Esta restricción afecta directamente a viajeros procedentes de España, Estados Unidos, Reino Unido, India y Japón, dentro de un grupo de 60 naciones que ahora verán limitado su tiempo en el país asiático. Otros mercados clave como China y Rusia ya mantenían este límite de un mes debido a acuerdos bilaterales previos.
El Ejecutivo tailandés justificó la reforma al señalar un aumento en los abusos de estancia por parte de los turistas, así como un incremento de extranjeros que realizan actividades laborales ilegales sin los permisos requeridos. Con estas modificaciones, Bangkok anula la ampliación a 60 días decretada en junio de 2024, una estrategia que buscaba reactivar el turismo tras el desplome sufrido por la pandemia de la covid-19.
De las 93 naciones beneficiadas en el esquema anterior, 60 conservarán la exención pero reducida a un mes, mientras que las 33 restantes quedaron excluidas del beneficio sin que el Gobierno precisara los motivos individuales. Sudamérica, sin embargo, mantiene una excepción importante: los ciudadanos con pasaporte de Argentina, Brasil, Chile y Perú no se verán afectados por el cambio, ya que sus convenios bilaterales vigentes les garantizan un máximo de 90 días de estancia sin visa.
La contracción migratoria coincide con una baja en el sector. Tailandia recibió 20,1 millones de visitantes extranjeros entre enero y agosto, lo que representa una caída interanual superior al 3 %. El país, que registró su récord histórico en 2019 con casi 40 millones de turistas y cerró 2025 con cerca de 33 millones, busca blindar su seguridad interna. Como complemento, el Gobierno aplica también una nueva regulación que agiliza la deportación inmediata de cualquier extranjero que infrinja la ley o altere el orden público.