
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves, por nueve votos a favor frente a seis en contra, que Myanmar (la antigua Birmania) violó la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948) al no impedir que sus Fuerzas Armadas masacraran al menos a 10,000 personas, violaran y ejercieran diversos “actos de violencia extrema” sobre adultos y niños rohinyás en 2017. Esta es la primera vez en su historia que el máximo órgano judicial de Naciones Unidas considera responsable de un genocidio a un Estado.
Los jueces determinaron que las pruebas demuestran “la intención de destruir a una parte sustancial” de esta comunidad musulmana, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, según la Convención internacional que prohíbe este crimen. El histórico fallo ordena a las autoridades birmanas investigar a los responsables, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados, muchos de los cuales, más de 1.3 millones de personas, se vieron forzados a huir a la vecina Bangladesh para no ser masacrados.
El máximo tribunal de Naciones Unidas concluyó, por mayoría, que Birmania “cometió genocidio contra el grupo rohinyá” en el norte del estado de Rakáin, en el primer fallo de la CIJ que establece la responsabilidad internacional de un Estado por este crimen.
Los jueces también exigieron a Birmania devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales.
Como parte de las medidas de reparación, el tribunal ordenó a las autoridades birmanas permitir y facilitar el regreso “seguro, voluntario y digno” de los rohinyás desplazados por la ofensiva de 2017, tanto dentro del país como desde el extranjero, así como garantizar la reunificación de las familias separadas.
En cuanto a la investigación de los crímenes, la Corte ordenó al Estado birmano adoptar medidas “inmediatas y efectivas” para investigar a todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber cometido actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017 y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas.
El tribunal también exigió a Birmania aprobar legislación que garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ofrecer “garantías de no repetición” para impedir que se produzcan violaciones similares en el futuro.
La sentencia establece la responsabilidad internacional de Birmania como Estado, pero no supone una condena penal individual de militares o dirigentes concretos, algo que corresponde a las autoridades judiciales birmanas después de esta sentencia.
“Se ha roto el ciclo de impunidad”: Guterres
El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó el valor histórico del fallo y reclamó a Birmania que acate la decisión de la Corte.
“Acojo con satisfacción el fallo dictado hoy por la Corte Internacional de Justicia en la causa Gambia (el Estado denunciante) contra Myanmar (el Estado denunciado), que constituye un contundente reconocimiento de las víctimas rohinyás del genocidio”, afirmó.
Guterres defendió que “romper el ciclo de impunidad” y garantizar “la rendición de cuentas” son esenciales para la “reconciliación nacional y una paz duradera” de Birmania.
Asimismo, reclamó una reparación adecuada, efectiva y pronta para los rohinyás, incluido su retorno “seguro, voluntario y digno” a sus lugares de residencia y la reunificación de las familias.
Londres expulsa al agregado de Defensa de Birmania
Una de las respuestas más firmes entre los Gobiernos fue la del Reino Unido, que expulsó al agregado de Defensa de la embajada birmana y convocó al encargado de negocios tras la sentencia. Además, el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el fallo.
El Gobierno británico condenó el trato infligido a los rohinyás por el régimen militar y adelantó que anunciará nuevas medidas para asegurar que los responsables rindan cuentas.
Entre las organizaciones rohinyás, la primera reacción fue la de la Organización de Birmanos Rohinyás en el Reino Unido (BROUK), que resumió su posición en una frase: “La Corte ha hablado. Ahora el mundo debe actuar”.
El grupo advirtió de que el genocidio no terminó en 2017 y sostuvo que la comunidad rohinyá sigue siendo borrada de su patria.
También reaccionaron organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, cuya abogada principal de Justicia Internacional, Maria Elena Vignoli, dijo que la sentencia “supone un reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohinyás han padecido en manos del Ejército”, que en 2017 lideró una brutal campaña militar que dejó al menos 10,000 muertos y provocó la huida de más de 1.3 millones de personas a Bangladesh.
Amnistía Internacional, por boca de su secretaria general, Agnes Callamard, celebró que “tras años de negación, impunidad y supresión de la verdad, este fallo constituye un reconocimiento histórico y contundente de las atrocidades cometidas contra los rohinyás”.
La organización añadió que el caso sienta, además, un precedente importante para otras víctimas de genocidio en el mundo.
La responsabilidad penal de Min Aung Hlaing
El asesor principal para Asia del centro de pensamiento Crisis Group, Richard Horsey, dijo que, tras el fallo, “lo que importa ahora es si los Gobiernos que dialogan con Birmania están dispuestos a tomar medidas si este ignora la decisión del tribunal”.
Min Aung Hlaing, el jefe del Ejército cuando se cometió el genocidio, lidera ahora el Gobierno militar birmano, tras el golpe castrense de 2021.
Desde la oposición birmana, el Gobierno de Unidad Nacional, integrado en parte por diputados depuestos tras el golpe de 2021, destacó la importancia de la sentencia e instó a la comunidad internacional “a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la plena implementación de la sentencia”.
A esa demanda se sumaron 219 organizaciones civiles birmanas, que aplaudieron el fallo afirmando que “la lucha por la justicia continúa” y exigieron responsabilidad penal para Min Aung Hlaing y otros líderes del Ejército.
El vergonzoso comportamiento de la Nobel de la Paz

En diciembre de 2019, Aung San Suu Kyi viajó personalmente al tribunal de La Haya (Países Bajos) para defender a Birmania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), frente a la demanda presentada por Gambia por presunto genocidio contra los rohinyás.
Durante su intervención, la premio Nobel de la Paz (por su lucha por las libertades democráticas de los birmanos) rechazó las acusaciones de genocidio, describió la violencia como parte de un conflicto interno y una respuesta a ataques de grupos insurgentes, argumentó que las denuncias presentaban una versión incompleta y engañosa de los acontecimientos y sostuvo que, si se habían cometido crímenes, debían investigarse y juzgarse dentro de Myanmar.
Durante la crisis de 2017, cuando el Ejército de Myanmar lanzó una operación militar contra esta minoría, evitó condenar de forma contundente los abusos denunciados por organismos internacionales. Este comportamiento vergonzoso motivó que diversas organizaciones exigieran que se le retirase el Premio Nobel de la Paz, algo que no permite el reglamento de la Academia Noruega del Nobel.
El honroso papel de Gambia
A miles de kilómetros de Myanmar, Gambia decidió alzar la voz por una minoría perseguida, expulsada de sus hogares y víctima de una de las tragedias humanitarias más graves de los últimos años. En noviembre de 2019, con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), el pequeño país de África occidental llevó a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia por el genocidio contra los rohinyás. No tenía vínculos territoriales con las víctimas ni ciudadanos directamente afectados, pero consideró que el silencio ante semejantes atrocidades era inaceptable.
La iniciativa gambiana se convirtió en un símbolo de que la lucha contra el genocidio no conoce fronteras y de que la justicia no debe depender de la nacionalidad de las víctimas ni del poder de los responsables. Al invocar la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948, Gambia abrió un camino para que los rohinyás, después de años de persecución, desplazamiento y sufrimiento, pudieran llevar su tragedia ante el máximo tribunal de Naciones Unidas. Su mensaje fue contundente: ninguna comunidad debe quedar abandonada a su suerte y ningún Estado puede reclamar impunidad frente al genocidio.