Fiscal pide de 12 años de cárcel e inhabilitación para Cristina Fernández
La vicepresidenta argentina fue acusada de enriquecimiento tras concesión de 51 obras públicas a aliado. El gobierno denuncia persecución judicial
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Cientos de seguidores de la vicepresidenta se concentraron en su domicilio en Buenos Aires al griro de “A Cristina no la tocan”.
El cerco judicial se estrecha peligrosamente para la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
En el juicio oral abierto en su contra, el fiscal Diego Luciani pidió este lunes 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.
El pedido de condena es el punto culminante de la llamada “causa Vialidad”, en la que Kirchner y otros 12 imputados están acusados de desviar cientos de millones de dólares de fondos de la obra pública para enriquecerse.
Durante nueve días, Luciani se esforzó por probar la responsabilidad de la líder peronista como jefa de una asociación ilícita creada durante el mandato de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007) y continuada bajo su gobierno (2007-20015), para extraer fondos del Estado “desde la cúpula del poder”, mediante la concesión ilegal de 51 obras públicas a un constructor aliado, Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
El fiscal Diego Luciani acusó a Cristina Fernández de enriquecerse ilícitamente sin escrúpulos y por pura ambición
“Sin escrúpulos y por ambición”
"Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de la contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado", aseveró el fiscal.
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Según Luciani, hubo por parte de la ahora vicepresidenta un "apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo para alcanzar el móvil ambicionado" y un "desprecio hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debían haberse destinado a una utilidad social en provecho personal".
Mil millones esfumados
En concreto, el fiscal Luciani estimó en 1,000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa creada por Báez, quien en pocos meses pasó de ser un simple empleado de banco a millonario. Entre 2004 y 2005, el patrimonio del empresario creció 12,000% y el de su empresa un 46,000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez sólo tuvo como cliente al Estado.
En una causa paralela a la que tiene contra las cuerdas a Cristina Fernández, Báez ya fue condenado a 12 años de cárcel a principios de 2021 por blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, de la época en que era “el contratista favorito” del matrimonio Kirchner.
“No podía no saber”
Luciani sostuvo que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando y, para demostrarlo, puso como pruebas mensajes de WhatsApp donde los acusados mencionan a la por entonces presidenta argentina de dar el visto bueno a tal o cual contrato.
“Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Los imputados, en una estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlos con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control. La corrupción fue la regla; se creó un eficaz sistema de corrupción institucional”, dijo el fiscal en el cierre de una acusación especialmente dura y de alto contenido político.
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“(Cristina) ostentaba el cargo máximo y empleó sus competencias y su poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar el lucro. No encuentro ni un solo atenuante a los graves crímenes cometidos”, dijo el fiscal.
Los otros dos acusados principales son el exministro de Obras Públicas, Julio de Vido, y el secretario de la misma cartera, José López.
De Vido, quien ya está preso por su responsabilidad en el accidente de tren en una estación del centro de Buenos Aires ocurrida en 2012 y que dejó 52 muertos, podría enfrentar otros diez años de cárcel por “asociación ilícita agravada”. Por su parte, José López, quien también se encuentra en la cárcel luego de ser atrapado in fraganti en 2016, cuando intentaba esconder nueve millones de dólares en siete bolsas en un convento, enfrenta otros diez años de cárcel por el mismo delito de lo que le acusa el fiscal.
Fallo a finales de año
Durante los nueve días de lectura de alegatos, la expresidenta intentó sin éxito apartar del juicio al fiscal Luciani y a uno de los tres jueces del tribunal, Rodrígo Giménez Uriburu. Se basó en una foto difundida por la prensa que muestra a ambos como participantes habituales de los torneos de fútbol que el expresidente Mauricio Macri organiza en su casa de fin de semana.
“Todo hace juego con todo”, escribió Kirchner en las redes, y mostró la foto como prueba de que había una “amistad personal” entre juez y fiscal. No tuvo éxito y este lunes debió escuchar cómo Luciani pedía cárcel para ella y el resto de los imputados.
Como último recurso, la vicepresidenta pidió ampliar este martes su declaración, maniobra que el tribunal ya rechazó por extemporánea, para repetir que la investigación que enfrenta solo busca quitarla de la carrera política.
Inicia ahora la etapa final del juicio oral, con la lectura de los argumentos de la defensa. Si se cumplen los tiempos procesales, la condena o absolución de la expresidenta argentina estará lista para finales de año.
Miedo a la inhabilitación
Más que el temor de dormir en la cárcel, a la que podría burlar por edad —en diciembre, cuando se conocerá el fallo, tendrá 70 años— y por su fuero como vicepresidenta (cargo que sólo podría perder mediante un juicio político), Cristina Fernández teme la inhabilitación política.
El año que viene hay elecciones presidenciales en Argentina y su nombre nunca está descartado en las listas de candidatos del peronismo.
“A Cristina no la tocan”
En un raro gesto de unidad, el presidente argentino, Albertó Fernández, que lleva meses sin apenas hablarse con su vicepresidenta, condenó en duros términos la “persecución judicial y mediática” contra Cristina Fernández.
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"Es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas", declaró tras expresar su “más profundo afecto y solidaridad” a la vicepresidenta.
Por su parte, el gobierno reiteró en un comunicado su "adhesión al principio constitucional de inocencia” y dijo que "seguirá bregando por una reforma judicial”.
Mientras tanto, miles de seguidores del movimiento prokirchnerista La Cámpora, se concentraron frente al domicilio de la vicepresidenta en Buenos Aires para corear al unísono a modo de advertencia al fiscal y al poder judicial: “A Cristina no la tocan”.