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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a que la reforma para reducir la jornada laboral en México se construya con diálogo social, gradualidad y realismo económico, especialmente ante el complejo contexto que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables de gran parte del empleo formal en el país.
A propósito del reciente anuncio sobre una posible implementación paulatina de esta reforma, el organismo empresarial señaló que toda modificación a la Ley Federal del Trabajo debe partir de un análisis técnico y una consulta amplia que contemple la realidad de los distintos sectores productivos.
Coparmex advirtió que aplicar esta medida de forma apresurada y sin incentivos a la productividad, podría tener consecuencias no deseadas, como el deterioro del empleo formal, el aumento de la informalidad laboral y el debilitamiento de sectores económicos clave. “No es momento de decisiones unilaterales ni imposiciones políticas”, subrayó el organismo, que reiteró su disposición a participar activamente en las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Entre los puntos clave que propone Coparmex está la necesidad de que la reforma se aplique con una implementación gradual, flexible y adecuada a las capacidades de cada empresa. Esta gradualidad no solo debe contemplar plazos, sino también criterios sectoriales y por tamaño de empresa. Además, planteó que se establezcan excepciones razonables para actividades con requerimientos específicos que impidan operar bajo una jornada laboral más corta.
En su posicionamiento, la confederación recordó que el país enfrenta una marcada desaceleración económica, una productividad laboral baja —la más baja entre los países de la OCDE— y niveles de informalidad laboral que superan el 54.5%. En estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, advirtió, la informalidad alcanza cifras superiores al 75%, lo que agrava los retos para aplicar cambios profundos en el mercado de trabajo.
También destacó avances recientes que, dijo, deben consolidarse y no ponerse en riesgo, como el aumento al salario mínimo, la ampliación de vacaciones, la reforma en materia de subcontratación y la reforma pensionaria. En este sentido, propuso que se incluyan incentivos fiscales como la deducibilidad total de las prestaciones laborales y la actualización de la tabla de subsidios al empleo en el ISR, lo que ayudaría a fortalecer la formalidad y facilitar la adopción de nuevas obligaciones patronales.
La Coparmex insistió en que cualquier transformación laboral de gran calado debe surgir del consenso tripartito entre trabajadores, empleadores y gobierno, y no solo desde el ámbito político. En su visión, el reto es construir un país más competitivo y próspero sin comprometer la sostenibilidad de las fuentes de trabajo.
“El centro de cualquier política pública debe ser el bienestar de las personas, pero también su viabilidad económica y su sostenibilidad en el tiempo”, concluyó el organismo, al refrendar su compromiso con una transformación laboral justa, incluyente y que no debilite la planta productiva nacional.