BúsquedaLos presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados solicitaron el retiro de un total de 26 candidatos al Poder Judicial Federal por incumplir con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas con investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada, así como algunos de ellos tener órdenes de aprehensión. También se incluye a ocho aspirantes más que no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.
Basados en información hemerográfica, portales de medios de comunicación, los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Sergio Gutiérrez, de la Cámara de Diputados, remitieron los oficios de solicitud ante el INE y la Fiscalía General de la República.
El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna. Asimismo, insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
En tanto, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93. Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
Las candidaturas expuestas por presuntas irregularidades son Fernando Escamilla Villareal, en la lista de candidaturas a jueces. Él está enlistado por el Poder Ejecutivo a juez de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito. Se le señala de ser abogado defensor de personas imputadas de pertenecer a delincuencia organizada.
Jesús Humberto Padilla Briones es aspirante a ser juez administrativo federal del Estado de Nuevo León. Fue seleccionado por el Comité del Poder Legislativo Federal. Se le señala de haber sido puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud, pero no tiene sentencia.
Diana Monserrat Partida, aspirante a jueza de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito. Seleccionada por el Comité del Poder Ejecutivo y Poder Judicial Federal
Se le señala de haber concedido libertad indebida a imputados por delincuencia organizada.
Julio Veredín Sena, candidato Juez de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito. Seleccionado por el Comité del Poder Ejecutivo Federal. Se le señala de haber otorgado amparo “indebidamente” a imputados de delincuencia organizada.
Aníbal Castro Borbón, candidato a juez de Distrito en Materia Penal del Quinto Circuito. Comité del Poder Ejecutivo Federal. Se le señala de haber absuelto “indebidamente” a persona acusada de delincuencia organizada.
Conrado Alcalá Romo, juez de Distrito en Materia penal del Tercer Circuito, seleccionado por el Comité del Poder Ejecutivo Federal. Se le señala de haber otorgado amparo indebidamente a un líder de delincuencia organizada.
Enrique Hernández Miranda, candidato a juez de Distrito en Materia penal del Segundo Circuito. Selección por Comité del Poder Ejecutivo Federal. Se le señala de haber omitido “indebidamente” imponer medidas cautelares a imputado de delincuencia organizada.
Francisco Herrera Franco, candidato a juez de Distrito en Materia penal del Onceavo Distrito, selecciondo por el Comité del Poder Legislativo Federal. Tener presuntos vínculos con integrantes de delincuencia organizada.
Francisco Martín Hernández Zaragoza, candidato magistrado de Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. Comité del Poder Legislativo Federal. Se le señala de haber sido imputado por abuso sexual, en agravio de diversas víctimas, sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura en 2015.
Edgar Agustín Rodríguez Beiza, magistrado de Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Comité del Poder Judicial Federal. Señalado de haber sido imputado por abuso sexual en agravio de una alumna.
Andrés Montoya García. Va para magistrado Mixto de Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. Comité del Poder Legislativo Federal. Se le señala haber sido imputado por desaparición forzada de personas en agravio de un periodista.
Leopoldo Javier Chávez, para juez de Distrito en Materia Mixta de vigésimo quinto circuito. Comité del Poder Legislativo Federal. Haber sido imputado por delitos contra la salud.
La lista sigue, pero al respecto el INE había dejado claro su postura:no puede intervenir en dejar fuera en estos momentos las candidaturas señaladas.
“No le compete al INE. Hay expedientes que se tendrán que remitir a las áreas competentes, por seguridad y al Tribunal Electoral, porque por primera vez no le tocó integrar los registros. El INE hace lo que le corresponde hacer a partir de recibir el listado de candidaturas”, destacó Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE.