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El Comité Ejecutivo Nacional del PAN encabezado por su presidente, Jorge Romero entregó una carta a la Cancillería donde demanda transparencia a su titular, Juan Ramón de la Fuente en el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda así como un informe detallado sobre otras restricciones migratorias a funcionarios y exfuncionarios mexicanos en el marco de investigaciones que realiza Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
De igual manera, el blanquiazul solicitó se informe o en su caso, pida a Estados Unidos, si existe una lista oficial de personas mexicanas vinculadas con actividades ilícitas en posesión del Gobierno estadounidense, y si dicha información ha sido compartida de manera institucional con el Gobierno de México.
“Demandamos se precise si existen investigaciones abiertas por parte de agencias como la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia contra actores políticos mexicanos en funciones o retirados, y si tales investigaciones contemplan mecanismos de cooperación judicial bilateral”, establece la misiva
Acompañado de varios integrantes del CEN, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero acudió a las instalaciones de la Cancillería a entregar personalmente este documento que respalda su solicitud con el fundamento legal del derecho de petición, consagrado en el artículo octavo de la Constitución para que la Cancillería brinde explicaciones sobre la reciente cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, pero también si hay medidas similares hacia otros funcionarios o gobernantes mexicanos que incluye una presunta lista de nombres investigados.
“El Gobierno Federal no puede permanecer en silencio ante esta situación. Si entre sus colaboradores, gobernadores o legisladores existen personas involucradas con el crimen organizado, su gobierno tiene la obligación moral y legal de actuar con determinación, y no de encubrir”, establecen
En la carta dirigida a De la Fuente, el PAN advierte “su profunda preocupación” ante la grave situación que enfrenta México en su relación con Estados Unidos, que pone en serio riesgo la estabilidad democrática y la seguridad de nuestra nación.
Esta inquietud—agrega-- surge ante la alarmante posibilidad de vinculación entre actores políticos del gobierno mexicano y grupos de la delincuencia organizada, con presuntas actividades que involucran el tráfico de drogas, el comercio ilícito de combustible, el lavado de dinero y el uso de recursos de procedencia ilícita.
El PAN recordó que las recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a funcionarios públicos de la actual administración, así como las presuntas acusaciones que involucran a funcionarios anteriores, evidenciadas a través de comunicados oficiales e investigaciones periodísticas, exigen una respuesta clara y una rendición de cuentas exhaustiva por parte de las autoridades mexicanas.
Por ello emplazaron a la Cancillería, informe, con base en el Derecho de Petición consagrado en el artículo 8º Constitucional, si a ha sido notificada oficialmente por el gobierno estadounidense sobre esa situación y ofrezca una explicación detallada sobre la existencia de restricciones migratorias activas impuestas a funcionarios y exfuncionarios mexicanos en el marco de investigaciones por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
“La opacidad en este tema solo genera suspicacias y debilita la confianza en nuestras instituciones. México merece servidores públicos que sean ejemplo de integridad, transparencia y vocación de servicio, y no individuos protegidos por el poder. Exigimos que no haya privilegios ni complicidades.”, estableció