CDMX — Con el fin de identificar y desarticular las diversas formas de estructuras creadas por el crimen organizado para operar, incluso de manera infiltrada en casi todos los sectores de la sociedad a lo largo del país, la Cámara de Diputados, que domina Morena, aprobó los dictámenes de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, dos robustos instrumentos jurídicos por los cuales el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum replantea, incluso con la cooperación de agencias policiales estadunidenses, un modelo efectivo de cuatro ejes de acción diseñado con el uso de la inteligencia y la investigación científica para dar resultados contra delitos de alto impacto que más lastiman a la ciudadanía, como extorsión, secuestro y actividades relacionadas con el narcotráfico, entre otros.
A lo largo del debate de poco más de 20 horas, realizado en periodo extraordinario del Congreso de la Unión, Morena, PT y PVEM sostuvieron la discusión contra la oposición del PRI y PAN, principalmente, mientras que en la bancada de Movimiento Ciudadano, su coordinadora, Ivonne Ortega, reconoció el ambicioso cambio de paradigma para la desarticulación de los grupos delictivos, y que de manera obligada involucra a estados y municipios “que han nadado de a muertito”, una queja memorable del expresidente Enrique Peña Nieto.
El plan de seguridad pública de Sheinbaum Pardo deja en claro que las estrategias del pasado hoy son obsoletas y de fracaso. Su modelo, cimentado para no perder tiempo contra la alta incidencia delincuencial, es de un paso adelante.
“Se basa en análisis predictivo y estrategias de disuasión. Información centralizada en un sistema interconectado. Toma de decisiones basada en datos, algoritmos y productos de inteligencia”, cuya información sólo emana de datos personales verídicos para detener “a los generadores de violencia”.
Esto, para los legisladores opositores son signos de “autoritarismo y espionaje”. En tribuna, y desde curules, sus discursos fueron de reproches, de provocar que fueran atacados por legisladores de PT y de Morena, que respondieron al mismo nivel sin fondo.
La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada la noche del miércoles en lo general y particular por 423 votos a favor, 63 en contra y cero abstenciones, abroga la de 2009 tras una reforma al artículo 21 de la Constitución.
Aunque la iniciativa de esta ley aún debe ser discutida y aprobada en los próximos por el Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum asume que la seguridad pública será una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la “persecución de los delitos, la reinserción social de las personas sentenciadas y la sanción de las infracciones administrativas para quienes se aparten de las obligaciones que se estipulan con el fin de garantizar el cumplimiento legal de la reducción de los índices delictivos.
SSPC y su estructura; por primera vez, a control el C5
Con el fin de revertir la fragmentación de colaboración entre diversas dependencias federales estatales y municipales, incluso del reconocimiento de vacío de información respecto a la operación de los Centros de Monitoreo Público a través de cámaras de vigilancia (C5), la SSPC contará con dos robustos brazos para ejecutar el plan de estrategia antidelictiva de este sexenio.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública estará conformado con el reforzamiento del Consejo Nacional, un Gabinete Federal, cuatro Conferencias Nacionales -entre ellas la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario tendrá la obligación de adquirir, instalar y mantener en operación equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, y de transmisión de voz, datos o imagen en centros de reinserción social y establecimientos penitenciarios-.
El Secretariado Ejecutivo, las mesas de paz y los consejos locales son parte de este trabajo. Además, la distribución de competencias en materia de seguridad pública, y los órganos de dirección, coordinación y ejecución de este Sistema.
Por primera vez desde que se ha ido instalando los Centros de Comando y Control, éstos deberán actualizar y compartir diariamente la información que generen para cumplir con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los planes y programas nacionales y locales en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
El Sistema Nacional de Información se vinculará con el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, lo que será regulado por el Secretariado Ejecutivo, que emitirá los lineamientos generales y la metodología de alimentación correspondientes a cada base de datos y registro nacional que lo conforman.
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA .
El dictamen aprobado prevé la operación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, cuyo diseño sea respetuoso de los derechos humanos y garantice, entre otros, el derecho a la privacidad.
Se refuerza el Consejo Nacional de Seguridad Pública y de las Conferencias Nacionales, a través de la reducción de la frecuencia de sus sesiones, así como la posibilidad de que estas sean vía remota. Se reconoce expresamente a la Guardia Nacional como integrante del Sistema, en concordancia con el artículo 21 constitucional y se establece su participación en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública y en los Consejos Locales.
El área de a Investigación e Inteligencia tendrá una Subsecretaría que operará el uso de la tecnología y Big Data para la Seguridad Pública: “El SNIIMSP implementará tecnologías avanzadas para la recolección, análisis y uso de información en tiempo real con las siguientes herramientas: o Integración de múltiples bases de datos como financieras, biométricas, inmobiliarias, comerciales, de vehículos, armas, telecomunicaciones, registros públicos,
Además, se establece que la creación de la Plataforma Central de Inteligencia deberá iniciar operaciones en un plazo no mayor a 180 días hábiles después de la entrada en vigor de esta ley con el fin de que la tecnología operada por el CNI sea interconectada con bases de datos, análisis de patrones delictivos mediante inteligencia artificial y minería de datos. Se obliga a la coordinación Interinstitucional y Federalismo Cooperativo. También que el sector privado pueda aportar información mediante convenios regulados y se establezcan enlaces de inteligencia entre las instituciones participantes.
La toma de decisiones se basará en datos, algoritmos y productos de inteligencia, se enfatiza, y con acceso a datos vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas, registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.
También a registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, registros en materia marítima y de todos aquellos de los que se pueda extraer indicios, datos e información.
El dictamen confiere a la Guardia Nacional la facultad de realizar acciones de investigación e inteligencia en seguridad pública, apoyándose en los mecanismos con que cuenta el Sistema Nacional.
“El CNI podrá acceder, directamente o a través de la Plataforma, a toda la información que integre, almacene, genere, recopile, sistematice o procese la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante la Plataforma Única de Identidad, que será creada con la reforma a la Ley General de Población, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.
En lugar del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía móvil se elimina y se adquiere la atribución de acceder a las telecomunicaciones para “extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia”, lo que recae en la Ley de Inteligencia.
Establece la obligación del Estado para constituir y operar una Academia Nacional de Seguridad Pública con funciones de profesionalización en materia de inteligencia, investigación, operaciones especiales, instrucción y alto mando para las Instituciones de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno.
En la robusta ley, se establece que las autoridades locales a cargo de las “mesas de paz” están obligadas a informar periódicamente a la población sobre las políticas, planes, programas y resultados en materia de seguridad pública, así como a generar programas de prevención del delito; y garantizar el desarrollo y la profesionalización de sus cuerpos policiales.
Al Consejo Nacional de Seguridad Pública le corresponde emitir criterios para la distribución de recursos de los Fondos de Ayuda Federal para la seguridad pública de las entidades federativas y municipios, pero también suspender la ministración de dinero público en público a las entidades federativas y a municipios que incumplan con esta ley.
La Cámara de Diputados aprobó este instrumento alrededor de las 6.00 am, con 324 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones, con modificación “cosméticas” presentadas por los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana, así como la aceptada por la Asamblea.
Se aceptó modificar los artículos 6, 23 y la denominación del Título Séptimo, presentada por la diputada Petra Romero Gómez, de Morena, con el propósito de “corregir la técnica legislativa y hacer un ajuste para el buen uso de lenguaje”.