El PRI en el Senado alertó sobre el preocupante incremento de los delitos de extorsión, particularmente en su modalidad de llamada cruzada o secuestro virtual, donde los delincuentes contactan simultáneamente a dos personas cercanas —como menores y padres— para manipular emocionalmente, generar miedo e inducir pagos inmediatos.
Los legisladores tricolores aseguran que si bien se han creado instancias como la Fiscalía Especializada en Extorsión en CDMX y se ha propuesto una Ley General Contra la Extorsión, el fenómeno no se ha frenado y sigue avanzando con rapidez en perjuicio de miles de familias mexicanas.
La extorsión en México es un problema grave que afecta a ciudadanos y empresas. Se estima que cada día 32 personas son víctimas de extorsión, con pérdidas anuales que superan los 26 mil millones de pesos. La modalidad más común es la telefónica, y un 66% de los casos se concentra en solo siete estados.
De enero a abril de este año, se registraron más de 3.400 víctimas, lo que equivale a más de una por hora, según la Coparmex.
Los estados con mayor incidencia de extorsión son: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, y Guerrero, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En un punto de acuerdo, el l PRI recordó que la Policía Cibernética ha advertido sobre el uso de tecnologías de suplantación numérica que permiten a los delincuentes simular llamadas legítimas, mientras que las redes sociales se han convertido en un canal clave para obtener información personal de las víctimas.
Además—recordó--, esta actividad ilícita provoca un grave daño económico, especialmente en familias y pequeños negocios que bajo amenaza y ante la extorsión entregan recursos, bienes o propiedades y, a nivel institucional, este delito erosiona la confianza ciudadana en las autoridades, genera percepción de impunidad y alimenta redes delictivas que actúan con sofisticación tecnológica y gran capacidad de movilidad.
Por ello, el tricolor en la Comisión Permanente pidió a las autoridades de seguridad del gobierno federal implementar acciones urgentes frente al alarmante incremento y urgió a fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta inmediata, investigación criminal y educación digital, así como consolidar una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales, municipales y organismos reguladores.
Paralelo a ello, solicitaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional reforzar las acciones de prevención, inteligencia e investigación contra las extorsiones telefónicas, en coordinación con autoridades locales.
También a la Fiscalía General de la República, y a las fiscalías estatales, para fortalecer la persecución penal del delito de extorsión, garantizando atención efectiva a las víctimas.
Asimismo exhortaron a las secretarías de seguridad pública y autoridades municipales, especialmente de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, para implementar campañas de información, líneas de atención inmediata y acciones comunitarias de prevención.