Silvia Rocío Delgado García, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y recientemente electa como jueza penal en Chihuahua, ha denunciado a periodistas, activistas y al colectivo Defensorxs por presunta violencia política en razón de género. La querella se centra en las críticas públicas sobre su candidatura, que cuestionaban tanto su pasado como defensora de narcotraficantes como la falta de experiencia judicial.
El caso ha puesto bajo la lupa el uso de la legislación mexicana en materia de género y sus implicaciones para la libertad de expresión.
Una elección polémica
En junio, Delgado García obtuvo más de 23,000 votos y se convirtió en la segunda contendiente más votada en la inédita elección judicial de Chihuahua. Su triunfo generó controversia inmediata: organizaciones civiles señalaron sus vínculos pasados con el cártel de Sinaloa y dudaron de su probidad para ocupar un cargo judicial.
Ahora, Delgado argumenta que esas críticas no fueron simples cuestionamientos, sino ataques con sesgo de género que buscaban desacreditarla como mujer en la esfera pública.
La figura legal en disputa
La violencia política en razón de género fue incorporada a la ley mexicana en 2020 para proteger a mujeres que ejercen o buscan cargos públicos. Se define como cualquier acción que, por razones de género, limite o anule sus derechos políticos.
No obstante, especialistas advierten que, en la práctica, la figura se ha usado también para frenar comentarios críticos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido más de 700 denuncias desde 2022, algunas contra periodistas y académicos por opiniones sobre candidatas.
Reacciones en el sistema judicial
En el Poder Judicial las opiniones están divididas. Algunos magistrados consideran que Delgado busca blindarse frente al escrutinio público usando la norma como escudo. Otros defienden que la ley debe aplicarse aun en casos polémicos, pues las mujeres enfrentan formas de violencia más sutiles y normalizadas.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aún no se ha pronunciado oficialmente, aunque fuentes señalan que preocupa que el recurso pueda desvirtuarse y terminar debilitando la confianza en los mecanismos de protección.
Los medios señalados en la denuncia han respondido con cautela. Algunos directores editoriales advierten que aceptar la denuncia sin matices sentaría un precedente riesgoso: impedir el cuestionamiento público de funcionarios electos.
En contraste, colectivos de periodistas mujeres reconocen que existe un dilema: la crítica con sesgo de género es real y debe sancionarse, pero no toda crítica puede ser clasificada como violencia política.
Más allá del caso de Delgado, el debate refleja un vacío normativo: México carece de criterios claros que distingan entre la crítica legítima y la violencia política de género. Según analistas, de confirmarse la denuncia se abriría la puerta a un uso más expansivo de la ley, con efectos inhibidores sobre la prensa; si se rechaza, podría empujar a una reinterpretación legal para evitar abusos.
En cualquier escenario, el caso marca un hito en la tensión entre el derecho de las mujeres a participar sin violencia y el derecho ciudadano a cuestionar a quienes aspiran a ejercer poder público.