La bancada del PRI en el Senado exigió al gobierno federal reparación e indemnización para las comunidades mayas de Quintana Roo y Campeche que sufren cortes de energía hasta por tres días para darle prioridad al funcionamiento del Tren Maya, con lo que provocan severas afectaciones a estos sectores vulnerables de la población.
El tricolor en la Permanente acusó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha destinado más de 8 mil millones de pesos en subestaciones y tendidos eléctricos para el Tren Maya pero comunidades mayas en Quintana Roo y Campeche continúan sufriendo cortes constantes de electricidad, llegando a permanecer dos o tres días sin servicio.
Por ello, presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, a la CFE y al FONATUR a informar públicamente sobre los criterios técnicos, financieros y sociales que llevaron a priorizar la infraestructura eléctrica del Tren Maya sobre el acceso básico y permanente a la electricidad en comunidades mayas.
Los legisladores destacaron que esta situación evidencia una contradicción entre el gasto público destinado a un megaproyecto y la falta de servicios básicos para comunidades históricamente vulneradas, lo que demanda transparencia, rendición de cuentas y atención inmediata a los pueblos mayas.
El documento solicita detallar los criterios que justificaron la inversión de más de 8 mil millones de pesos en el Tren Maya, así como las acciones implementadas para asegurar que las comunidades mayas cuenten con acceso pleno, regular y permanente al servicio eléctrico.
Además, exige información sobre la realización de consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas, de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Los priistas solicitaron a las autoridades del Gobierno Federal que precisen las medidas de reparación, indemnización o compensación adoptadas frente a la ocupación de tierras y las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de las comunidades afectadas y restablecer su acceso a servicios básicos en condiciones dignas.
En este contexto, advierten que el suministro eléctrico es un servicio público esencial y una condición indispensable para el desarrollo integral de las comunidades, especialmente aquellas históricamente vulneradas, como los pueblos originarios mayas.
Recalcaron que el garantizar el acceso a servicios básicos constituye un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que asegura a todas las personas un nivel de vida adecuado y el disfrute de los recursos indispensables para su bienestar.
Asimismo, establece la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.