Estados Unidos tiene cumpliendo cadena perpetua al cofundador del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán y podría condenar a la misma pena al otro cofundador y ahora enemigo declarado del primero, Ismael El Mayo Zambada, cuyo juicio comienza este lunes con la tranquilidad de que la Fiscalía no pedirá la pena de muerte.
La expectación es alta porque, para haberse librado de la pena capital (que originalmente solicitó la Fiscalía de Nueva York), El Mayo ha tenido que entregar algo importante a cambio. Este algo es lo que se empezará a desvelar a partir de mañana y no sólo podría exacerbar aún más la sangrienta guerra entre los mayitos y la de los chapitos, sino que podría revelar nombres de personalidades de la política mexicana involucradas en el narcotráfico.
Pese a que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, la Fiscalía anunció la semana pasada que no pedirá la pena capital para el acusado.
Más allá del previsible acuerdo de culpabilidad de este lunes, acreditado en documentos judiciales como “un cambio de declaración” de “El Mayo” (77 años), se desconoce aún si reconocerá formalmente haber cometido todos los delitos o solo algunos de ellos.
Zambada se enfrentará al juez Brian Kogan, el mismo que impuso cadena perpetua al Chapo y lo envió a una cárcel de máxima seguridad en Colorado, por lo que seguramente se anunciará que podría acceder al sistema de testigos cooperantes en busca de beneficios legales.
¿Cómo estalló la guerra en el cártel de Sinaloa?
Fue precisamente un hijo de El Mayo, Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, un testigo clave de la Fiscalía en 2019 durante el proceso legal contra El Chapo, lo que llevó al otrora socio de su padre a pasar el resto de su vida en la cárcel. El hijo de El Mayo logró así una pena irrisoria, pese a haber contribuido a la introducción de toneladas de cocaína en EU: 15 años de prisión por conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero.
La delación de El Chapo fue considerada una declaración de guerra por sus hijos, que derivó en decenas de muertos y llenó de terror las calles del estado de Sinaloa.
La venganza contra el Mayo se concretó en julio del año pasado, cuando Zambada quedó detenido tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” que, según “El Mayo”, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.
Guzmán López permanece detenido, pero actualmente también negocia un acuerdo de culpabilidad después de que su hermano Ovidio, alias “El Ratón” y extraditado a EU en 2023, hiciera lo propio en julio de este año.
¿Caerá algún político?
La pregunta sobre la mesa es: ¿hacia dónde apunta el Gobierno estadounidense negociando para extraer información a los que hasta hace no tanto eran sus objetivos prioritarios en la lucha contra el narcotráfico?
Por ahora, la colusión entre el ‘narco’ y la política en México solo se ha saldado en los tribunales estadounidenses con la condena en 2024 a más de 38 años de cárcel para Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012).
Cambio de estrategia de “El Mayo”
El hombre que esquivó a la Justicia mexicana durante décadas y por cuya cabeza EU llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares evitará así comparecer en juicio a cambio de entregar información sensible a las autoridades estadounidenses.
Fuentes del Departamento de Justicia de EU que prefirieron guardar el anonimato explicaron que, probablemente, Zambada -aquejado de graves problemas de salud- podría pedir una o varias de estas cosas: no ser recluido en un penal de máxima seguridad, una reducción de condena o mayor acceso a su familia.
Será el juez Cogan quien fije un plazo para dictar sentencia contra El Mayo en un plazo que podría alargarse hasta seis meses, en función del valor y la utilidad de la información que facilite al Gobierno estadounidense. Pero antes, la Fiscalía deberá analizar el contenido aportado por Zambada para presentar una recomendación de condena contra el “capo” al juez Cogan.
La pregunta sobre la mesa es: ¿hacia dónde apunta el Gobierno estadounidense negociando para extraer información a los que hasta hace no tanto eran sus objetivos prioritarios en la lucha contra el narcotráfico?
Por ahora, la colusión entre el ‘narco’ y la política en México solo se ha saldado en los tribunales estadounidenses con la condena en 2024 a más de 38 años de cárcel para Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012). Con información de EFE, NYT y CNN.