Julio César Chávez Jr., recuperó su libertad condicional este domingo al abandonar el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 en Hermosillo. La decisión fue tomada por el juez federal Enrique Hernández Miranda, quien determinó que no existían elementos suficientes para mantener al ex campeón mundial bajo prisión preventiva.
Aunque la resolución fue emitida desde la noche del sábado, la liberación del boxeador se concretó hasta el mediodía del domingo, lo que generó molestia entre su equipo legal por el retraso en el cumplimiento de la orden judicial.
Rubén Fernández Benítez, abogado defensor de Chávez Jr., señaló que su cliente ya se encuentra reunido con su familia y deberá acatar diversas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
La resolución permite que Chávez Jr. continúe su proceso en libertad, siempre y cuando respete las restricciones impuestas y se presente a su próxima audiencia programada para el 24 de noviembre. En dicha sesión se evaluarán los avances de la investigación complementaria. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 21 pruebas en su contra, incluyendo grabaciones telefónicas que lo vinculan con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa. También se presentó un informe de la DEA y el hallazgo de una bata de boxeo con su nombre en un inmueble relacionado con Pérez Salas.
La defensa, sin embargo, cuestionó la validez de estos elementos, argumentando que muchos provienen de fuentes anónimas o documentos sin validez legal en México. Fernández Benítez insistió en que no existe evidencia directa que incrimine a su cliente y acusó a la fiscalía de basar el caso en “relatos informales más que en pruebas sólidas”.
Mientras tanto, Chávez Jr. deberá mantenerse bajo vigilancia judicial, cumpliendo con las restricciones impuestas, en espera de la audiencia del 24 de noviembre que podría marcar un punto decisivo en el curso de su proceso penal.