Expresidentes del IFE-INE, en mancuerna con expertos, académicos, organizaciones civiles y demás actores políticos y sociales, emitieron un pronunciamiento en torno a la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. A tal respecto, señalaron que dicho órgano, integrado por funcionarios gubernamentales, tiene la responsabilidad de promover una deliberación amplia y plural y de conducir un debate público incluyente para que la reforma sea diseñada por todos los grupos y actores de la sociedad, con la participación de partidos, instituciones, academia y ciudadanía.
El conglomerado expuso que, a lo largo de más de 40 años, las y los mexicanos hemos construido instituciones con procedimientos claros y transparentes que permitieron organizar procesos electorales creíbles y confiables, con la participación de millones de personas convencidas del valor de su voto y de la opción democrática, al tiempo que señalaron que todas las modificaciones al sistema electoral mexicano se construyeron a través del diálogo plural y de mesas de negociación incluyentes. Una nueva reforma electoral no puede partir de cero; “Es fundamental tomar en cuenta nuestra historia democrática, en la búsqueda de su fortalecimiento y la construcción de nuevos consensos”.
A propósito, los firmantes del documento describen Consenso Electoral como un esfuerzo abierto y plural que busca preservar la integridad democrática. “Nuestro llamado es claro: la reforma electoral debe discutirse en un debate y diálogo auténticos, con base en argumentos y propuestas, sin comentarios descalificadores hacia este u otros grupos, que solo buscamos evitar ejercicios que simulan inclusión y defienden decisiones prefiguradas. Rechazamos expresiones que buscan dividir y confrontar”. Asimismo el documento esgrime seis principios fundamentales que debe contemplar la reforma electoral:
1. Fortalecer los mecanismos de representación política. Proponemos acercar la distribución de los asientos en los congresos, al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas (V.gr. proporcionalidad pura, listas abiertas con voto preferencial, etc). Existen múltiples modelos de representación que dan voz efectiva a las minorías, al tiempo que respetan los votos emitidos en las urnas.
2. Preservar y fortalecer la autonomía e independencia de los organismos electorales en los ámbitos federal y estatal. Es fundamental garantizar la neutralidad y la colegialidad en la toma de decisiones de los órganos administrativos y jurisdiccionales. El Servicio Profesional Electoral Nacional, en cada distrito electoral y en cada entidad federativa, debe seguir siendo el pilar de la imparcialidad.
3. Designación de consejerías y magistraturas electorales. Existen diversos modelos para seleccionar a quienes deben encabezar las instituciones electorales, con la posible participación de actores diversos como los Poderes Judicial y Legislativo, universidades, organizaciones civiles y profesionales, etc. En todos los casos, debe prevalecer la experiencia, el conocimiento, la imparcialidad y la técnica. Deberán ser designados por el Congreso y no por voto popular.
4. Registro Federal de Electores, padrón, listados nominales, Credencial para Votar con Fotografía. Deben mantenerse bajo la administración de la autoridad electoral administrativa, con la vigilancia de las representaciones y técnicos de los partidos políticos, para preservar su resguardo imparcial y garantizar a la ciudadanía la absoluta protección de sus datos personales y biométricos.
5. Sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos y privados de los partidos políticos, para garantizar campañas equitativas, evitar el uso y desvío de recursos públicos, y erradicar la compra y coaccion del voto. Es fundamental diseñar un sistema eficaz de sanciones.
6. Poder Judicial. La experiencia de la elección judicial de 2025, hace evidente la necesidad de modificar las reglas y procedimientos, para que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos, capacidad técnica, garantice su independencia y que formen parte de una carrera judicial.
En días anteriores, rezan los expertos y activistas citados, “hicimos público un primer comunicado bajo la idea de un #Consenso Electoral, convencidos de que la próxima reforma electoral debe surgir de un debate nacional y del consenso democrático”.
“A nuestro llamado se han sumado muchas más voces. Esta adhesión, amplia y diversa, confirma que la exigencia de una reforma construida con respeto y deliberación no es un asunto exclusivo del poder: es una demanda nacional creciente en la que debemos estar incluidos todos”.