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El delegado del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz presume el impacto que han tenido los programas sociales en esa entidad donde alrededor de un millón y medio de personas, el 40 % de la población, tienen acceso a uno de estos beneficios.

Buscan gobierno federal consolidar programa “casa por casa” en Guerrero

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El delegado federal del Bienestar, Iván Hernández en una visita del programa "casa por casa"

Considerada una de las entidades con mayor rezago social del país, Guerrero será apuntalada por una serie de programas sociales donde el gobierno federal buscará consolidar el programa salud casa por casa y el pensión para mujeres a partir de los 60 años con lo que se busca beneficiar a un buen sector de la población en esa entidad.

Paralelo a ello, el gobierno federal se alista para enfrentar una eventual emergencia en esa entidad derivado de las fuertes lluvias que se registran en varias zonas del país con base en los programas sociales que se activaron en el huracán Otis y otros más para ayudar a la población en caso de que se requiera.

“Estamos preparado, el huracán Otis nos dejó una enseñanza muy importante, una experiencia que no teníamos y que ya pusimos en marcha con la llegada del huracán John el año pasado y desafortunadamente el presente año ya tuvimos también una situación con el huracán Eric. Toda esta experiencia que se ha acumulado en la delegación de Guerrero nos sirvió para atender de inmediato a la población afectada”, asegura el delegado del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz.

Luego de la gira de fin de semana de la presidenta, Claudia Sheinbaum por Guerrero, el gobierno federal activará una seri de medidas como Fortalecer el programa Acapulco se transforma para embellecer la Costera Miguel Alemán en Acapulco y consolidar programas como el de Adultos Mayores, y el de Mujeres entre otros que tendrán un impacto social muy importante en la población de escasos recursos en esa entidad.

El funcionario informó que este sábado se cierra el plazo en Guerrero para el registro de la pensión para mujeres de 60 años o más donde se espera llegar al menos a una cifra de 60 mil mujeres con este derecho aunque no se descarta llegar a las 80 mil.

“Es la primera vez que a sus 60 años, a sus 63 años muchas mujeres tendrán su propio dinero porque nunca habían tenido dinero del que pudieran decidir libremente”, asegura y explica que este programa significa una inversión de mil millones de pesos anuales.

Recalca que el programa de adultos mayores con un presupuesto anual de 9 mil millones de pesos, también tiene un padrón de 350 mil beneficiados

Hernández Díaz presume el impacto que han tenido los programas sociales en Guerrero donde alrededor de un millón y medio de personas tienen acceso a uno de estos beneficios.

Es decir, casi la mitad de la población, cerca del 40% de la población de Guerrero tiene al menos un programa social. Este porcentaje todavía más alto en zonas como la montaña, Costa Chica, de la región centro, y en s zonas indígenas.

Asegura que la aplicación de los programas sociales en Guerrero han ayudado a disminuir la pobreza en esa entidad. En Guerrero de 2018 al 2024 285 000 personas salieron de la pobreza, asevera

El funcionario federal asegura que los recursos para estos programas sociales están garantizados pues están plasmados en la Constitución y no están sujetos “a la buena voluntad de alguien”.

Asimismo, el Delegado del Bienestar en Guerrero, rechazó la posibilidad del uso electoral de los programas sociales y explicó que están blindados desde el momento en que ya no hay intermediarios o gestores para el registro y menos para la entrega de los recursos a los beneficiarios.

“No recibimos grupos, no recibimos listas, eh no lo puede hacer una tercer persona, no es la gestión de nadie, lo hace de manera directa la ciudadana que desea incorporarse al programa. Esa es una medida importante. Otra es que ya no se hacen pagos en efectivo.

Entregamos la tarjeta a los beneficiarios y una vez que tiene la tarjeta el beneficiario no vuelve a ver a ningún funcionario del Gobierno Federal y la tercera es que la población ya sabe que los programas son constitucionales y no se los puede quitar nadie. Con ello se acaba el uso político—electoral de los programas”, establece

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