Once años han pasado desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero; poco más de una década de investigaciones infructuosas reveló, primero, una versión oficial espuria en la cual sus artífices, el entonces fiscal Jesús Murillo Karam y el ex-titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, convenientemente afirmaron que todos los estudiantes habrían sido ultimados y posteriormente incinerados en un basurero de Cocula, municipio ubicado a 20 kilómetros de Iguala, tras lo cual el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos, autor del crimen, arrojó los restos en el río San Juan. Sobra decir que esta versión circuló con holgura y hasta encontró “pruebas” que le sostuvieron, indicios proporcionados por peritajes oficiales en los que incluso participó la Marina.
Hoy, como un segundo relato, sabemos que los normalistas fueron separados por las autoridades en por lo menos dos grupos (y en uno más reducido al que la policía local dio caza en las calles de Iguala) y que todas las corporaciones de seguridad (policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, estatales, federales y Ejército) participaron de una o otra forma, hasta por inacción -como en el caso del Ejército-, en la entrega del colectivo de estudiantes a Guerreros Unidos en la colonia Loma de Coyotes, al suroeste de Iguala y en Pueblo Viejo, al norte de esta última. El móvil de todo esto: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó a presumir en 2015, que uno de los cinco camiones secuestrados ese día por los normalistas para desplazarse, podría haber llevado un cargamento de heroína. De ahí el interés de la red criminal de Iguala por detenerles y por eso el Ejército se encontraba monitoreando, en tiempo real, las comunicaciones de todos los implicados.
LA PROMESA 4TERA
En 2018, arribó Andrés Manuel López Obrador al poder con una promesa bajo el brazo, la de deshacer el nudo gordiano que sus predecesores tejieron en torno al caso; creó una comisión especial y trajo de vuelta al GIEI, que había abandonado la investigación en 2016 cuando denunció la falsedad de la versión de Murillo Karam y Zerón. Con AMLO, la fiscalía “descongeló” a Gildardo López Astudillo, “El Gil”, detenido en 2015 bajo el supuesto de que fungía como coordinador de los sicarios de Guerreros Unidos durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tuvo lugar el ataque y desaparición de los normalistas. La administración de Enrique Peña Nieto había utilizado a El Gil para armar el entramado propuesto en las primeras versiones, se supo más tarde que la cooperación de este “jefe de sicarios” se obtuvo bajo tortura. No obstante, en los albores de la 4T, a Gildardo se le convirtió en testigo protegido de la Fiscalía y comenzó a colaborar con la dependencia, con el grupo de expertos y con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), creada a la sazón y presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
En un primer empuje las cosas parecían marchar bien, la colaboración de El Gil permitió localizar, en una barranca conocida como “de la Carnicería”, a unos 800 metros de donde supuestamente habían sido incinerados los 43 estudiantes, algunos fragmentos óseos pertenecientes a la parte de restos que había tocado a Gildardo desechar. De entre tales pedazos de huesos se logró identificar a dos de los normalistas, se trata de Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuya huella se sumaría a la de Alexander Mora, otro estudiante identificado a partir de restos óseos hallados en el río San Juan en 2014 durante una etapa muy temprana de investigaciones, hallazgo sobre el cual quedó la duda de si había sido “sembrado” para respaldar la versión de la quema de todos los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula.
SE REVENTÓ LA BURBUJA
El capítulo cuatrotero de la investigación cerró de golpe cuando, probados, o al menos al calificar de creíbles los relatos de El Gil, el GIEI demandó acceso a los documentos de espionaje del Ejército, quería conocer, específicamente, todas las conversaciones de la red criminal implicada para dar con más posibles ubicaciones en dónde hallar restos de los 43. En mancuerna con la Comisión, los investigadores buscaron entre los archivos liberados, pero se vieron limitados por la negativa de la Sedena a aportar la totalidad de los documentos, argumentando que no los había. De modo que las posteriores denuncias por ocultamiento prosperaron y el entonces fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, pidió la detención de más de ochenta personas, de entre las cuales al menos 20 eran militares. Esa fue la gota que derramó el vaso, pues el Ejecutivo decidió cerrar filas con el Ejército y conminó a la fiscalía a asirse al informe de la Comisión de 2022, en el que fueron esgrimidos datos “inverificables”; tras la estocada presidencial, Gómez Trejo dimitió, los miembros del GIEI abandonaron la investigación, impotentes ante la opacidad del orden castrense, y Alejandro Encinas, cabeza de la CoVaJ, renunció a su cargo, no sin antes acusar al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de haber participado en la confección de la Verdad Histórica conjurada por Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón durante el sexenio de EPN.
El tiro de gracia: El general brigadier José Rodríguez Pérez, quien se desempeñaba como comandante del 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, y una de las pocas detenciones de militares que se lograron en este contexto, logró llevar su proceso en libertad al ser defendido directamente por la Sedena.
ORFANDAD
Lo que nos convoca ahora, once años más tarde, es el epitafio de la causa materializado por la incorporación del antiguo abogado de las familias de los 43, Vidulfo Rosales, al equipo de trabajo del recién llegado Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. En calidad de asesor, y con un salario mensual superior a los 167 mil pesos, el jurista diluye hoy sus principios en las doradas aguas de una nómina con seis cifras.
Abandono, un profundo sentimiento de pérdida y hartazgo, es todo lo que se respira en las más recientes movilizaciones de los normalistas, la legítima protesta se adentra cada vez más en la estática y triste liminalidad de las conmemoraciones; como un 2 de octubre, todo indica que este episodio en la historia de las Normales Rurales no conseguirá salir del pozo sin fondo de la imaginería de la opresión y la injusticia cínica, cuasi endémica del Sur Global; Ayotzinapa se ha convertido en un vocablo sinónimo de desgaste político para cualquier Ejecutivo, para cualquier partido y para todo proyecto.
