En otro intento más, senadores van por la regulación de “ambulancias piratas” para lo cual impulsan reformas al Código Penal Federal para tipificar como delito el uso de vehículos en traslados médicos ilegales y sancionarlos con penas de cinco a catorce años de prisión y hasta 120 días de multa a quienes ofrezcan este tipo de servicios sin autorización oficial.
La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Juanita Guerra Mena explicó que estas unidades representan un grave riesgo para la salud pública, ya que operan fuera de la ley, sin personal capacitado ni el equipo médico necesario para la atención de emergencias.
“Las llamadas ambulancias pirata no solo engañan a los ciudadanos imitando la apariencia de las certificadas, sino que también ponen en peligro la vida de pacientes vulnerables que requieren traslados inmediatos”, señaló.
La senadora advirtió que estas unidades operan al margen de la ley, pues simulan ser ambulancias certificadas sin cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, que regula los servicios de emergencia en el país, lo que representa un riesgo inminente al no contar con personal capacitado ni protocolos de atención adecuados.
En ese sentido, Guerra Mena destacó que la proliferación de estas unidades responde a la falta de regulación eficaz y a la alta demanda de servicios médicos de emergencia, especialmente en comunidades con recursos limitados.
La iniciativa destaca testimonios de pacientes que han sufrido complicaciones durante traslados en ambulancias no certificadas, que van desde el agravamiento de infartos hasta crisis respiratorias mal atendidas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, más del 30 por ciento de los pacientes transportados en estos servicios ilegales enfrentaron complicaciones que pudieron evitarse con atención en unidades autorizadas.
Guerra Mena puntualizó que su propuesta no sólo endurece sanciones, sino que envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud. Asimismo, confió en que esta medida contribuirá a fortalecer la regulación, a restaurar la confianza ciudadana y a garantizar que la atención médica de emergencia sea un derecho seguro y confiable para todas y todos.
“No podemos permitir que la salud de los mexicanos se ponga en riesgo por servicios irregulares; esta reforma busca salvar vidas y cerrar la puerta a la impunidad”, subrayó la senadora por Morelos.