La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República, representa un grave retroceso, en un momento decisivo para la justicia constitucional en México pues limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo.
Así lo advirtió la a Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) quien alertó sobre una serie de “puntos críticos” de esta reforma y calificó como grave el artículo transitorio que se aprobó por la mayoría oficialista de último momento , donde se establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite.
“Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos”, alertó
Por ello, llamó a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esta reforma y escuchen a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo.
“México necesita preservar un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz, capaz de proteger a los ciudadanos, garantizar el Estado de Derecho y sostener la confianza en nuestras instituciones. Solo así podremos asegurar la justicia, la inversión y el desarrollo económico de nuestro país”, demandó.
En un posicionamiento, el organismo empresarial encabezado por Juan José Sierra Alvarez, recordó que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX, ha sido un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional por lo que consideró que cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo.
Gracias a este instrumento—agregó--, negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad.
La central patronal reconoció los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias pero advirtió una serie de restricciones en lo que se aprobó que afectan a ciudadanos y empresas.
Ejemplificó la figura del interés legítimo colectivo donde explicó que sigue siendo limitada y corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública.
Detalló que si un ciudadano o un negocio que busca detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable, ya no podría hacerlo si no demuestra ese interés inmediato.
En cuanto a la materia de suspensión del acto reclamado, la Coparmex alertó sobre la rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata.
“En casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio. Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias”, estableció
Otro punto crítico –agregó--es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana.
Reconoció que las autoridades ahora enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias, pero advirtió que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo demasiado abierta.
“Bastará alegar falta de presupuesto o de recursos para incumplir una resolución, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos”, explicó