Como parte de los esfuerzos para frenar la epidemia del sobrepeso y la obesidad que afecta a buena parte de la población y de manera particular a infantes y adolescentes, el gobierno federal ha propuesto gravar las bebidas endulzadas, así como alimentos que se perciben como asociados con estas dos enfermedades multifactoriales.
En nuestro país, la propuesta fiscal para 2026, vía el proyecto de Ley de Ingresos, plantea un incremento considerable en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a una tasa del 8% sobre los productos no básicos que tengan una densidad calórica de 275 kilocalorías.
Pese a la buena intención de la medida que busca contribuir en el fomento a la salud de las personas, diversos estudios han demostrado que no basta con aumentar los impuestos a este tipo de productos.
Una investigación difundida por la editorial londinense Dovepress, del grupo Taylor & Francis, señala que los resultados de disminución de peso (un menor Índice de Masa Corporal (IMC) y reducir la obesidad no son estadísticamente significativos sólo por el aumento de impuestos.
Este tipo de medidas requieren coordinación intersectorial, educación nutricional y transparencia en la asignación de los ingresos.
Ello, debido a que sin un enfoque multidisciplinario, el impuesto a alimentos y bebidas azucaradas corre el riesgo de convertirse en una decisión controvertida que simplemente funcione como mecanismo recaudatorio, así quedó establecido en una investigación publicada por la plataforma ResearchGate, consultada por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO).
Comida chatarra, aumento de impuestos, con pocos resultados
La medida de aumentar impuestos a este tipo de productos eventualmente podría ocasionar un fenómeno llamado inelasticidad, el cual se explica cuando un producto –incluso con precios más altos– mantiene su nivel de consumo y preferencia.
A ello se suma la limitada transparencia sobre el destino de los ingresos recaudados sin evidencia clara de reinversión en salud pública.
Según este proyecto de aumentar impuestos a las bebidas azucaradas busca duplicar su cuota del IEPS, al pasar de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro (casi el doble) e impactando en el precio final al consumidor. A ello se suma también la inclusión de los edulcorantes dentro del esquema impositivo, al considerarse su uso en diversas formulaciones industriales de bebidas procesadas.
Dicho ajuste fiscal se aproxima al umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere gravámenes de hasta 20 % para desalentar el consumo de productos con alto contenido de azúcar, aunque afirma que este tipo de impuestos debe ir acompañado de políticas complementarias para lograr transformar de manera sostenida los hábitos de salud de la población.
Aumento de impuestos, con diversos resultados
Un informe del Banco Mundial refiere que desde 2014 el caso mexicano ofrece resultados mixtos: durante el primer año del impuesto a las bebidas azucaradas, las compras cayeron 6 %; en el segundo, 9.7 %, con reducciones más marcadas en hogares de bajos ingresos. Pese a ello, la recaudación por IEPS no petrolero —que incluye estos productos— se estabilizó y siguió creciendo, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Aunado a ello, diversos especialistas sostienen que la obesidad es un problema de salud de origen multifactorial, en el que influyen desde factores genéticos, ambientales, emocionales, sociales, así como el entorno, y que demanda diversas acciones de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto, más allá del alza de impuestos a alimentos, bebidas azucaradas y productos que contienen edulcorantes bajos en calorías o sin calorías.