El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, defendió este miércoles las recientes reformas a la Ley de Amparo, y afirmó que existe una “campaña de desinformación” que busca hacer creer a la población que los cambios aprobados son regresivos o limitan la defensa de los derechos ciudadanos.
Durante su participación en conferencia, Zaldívar sostuvo que el juicio de amparo sigue siendo el principal instrumento mediante el cual los mexicanos pueden defender sus derechos, y enfatizó que las modificaciones no restringen ni acotan el acceso a la justicia. “Un gobierno que viene de la lucha por los derechos humanos no podría proponer reformas regresivas en la materia”, afirmó el exministro presidente de la Suprema Corte.
El funcionario explicó que la figura del amparo ha evolucionado a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades de cada época, y que las reformas actuales buscan evitar que el mecanismo sea utilizado con fines ilícitos o para obstaculizar la justicia. En ese sentido, aseguró que las nuevas disposiciones representan “un paso decisivo hacia la justicia digital”, lo que permitirá agilizar los procesos judiciales, reducir costos y hacer la justicia más moderna, cercana y accesible tanto para el Poder Judicial como para los ciudadanos.
Ante las críticas que señalan que la reforma limita la defensa de intereses colectivos, como los relacionados con comunidades o el medio ambiente, Zaldívar negó que esto sea cierto. “No se excluye a los intereses colectivos ni se debilita la protección ambiental”, subrayó, destacando que el texto legal mantiene los mecanismos de defensa social y comunitaria.
Asimismo, el funcionario indicó que una de las intenciones de la reforma es evitar el abuso de las suspensiones que, en algunos casos, han sido utilizadas para dificultar el combate al lavado de dinero o beneficiar a la delincuencia organizada. “El amparo no puede servir para proteger a la delincuencia organizada”, puntualizó.
Zaldívar concluyó que la Ley de Amparo seguirá siendo un orgullo nacional y un instrumento de defensa de los particulares, y atribuyó las críticas a “intereses políticos y económicos” que buscan desacreditar los avances en la modernización de la justicia mexicana.