CDMX — Con Jesús Axel, diagnosticado desde su nacimiento con cuadriparesia espástica, el segundo día de las audiencias públicas rumbo a un nuevo criterio que invalide reglas generales del derecho a la consulta, se expuso que el Estado mexicano debe velar por todos aquellos “vasos” que permitan la incidencia del 0.005 de la juventud con discapacidad en México en la política pública, el único medio hasta hoy a su alcance.
“Debemos tener mecanismos interseccionales que nos permitan evaluar la política pública y la eficacia interconstitucional, precisamente, pues de todas estas herramientas que son comunes para todos y todas. Si bien es cierto el estudio de estas normas administrativas y de carácter legislativo, me parece que tendríamos que estar impulsando la presencia también del bloque de regularidad constitucional
De la Cruz Sierra se dirigió a ocho de los nueve ministros, con la ausencia otra vez de Loretta Ortiz: “Yo les pido que nos ayuden a hacer realidad estos principios, que nos ayuden a seguir impulsando la política pública, que nos ayuden a seguir teniendo instrumentos de democratización”, pidió el joven becado del Tec de Monterrey, cuya institución le abrió sus puertas para incluirlo como “Familia Tec”.
Como él, organizaciones defensoras de personas con discapacidad también coincidieron en que la consulta debe permanecer vigente.
Sandra Padilla Zaldo señaló que las reformas de Michoacán cambiaron las visitas a hospitales siquiátricos de semestrales a trimestrales. Parece beneficioso, ¿verdad?, preguntó. Sin embargo, sus dudas fueron más. ¿El problema es la frecuencia de las visitas, ministros, o el problema es que no deberíamos de estar encerrados?
“Esta reforma perpetúa la institucionalización bajo el nuevo criterio. Ustedes podrán validarla porque favorece a las personas con discapacidad. ¿Pero quién decide que nos favorece si no se nos pregunta? Está claro que nos tienen que preguntar en las consultas previas desde el principio. Aunque sea perfecta la ley nos tienen que preguntar, no importa que esté al 100% (cien por ciento), la podemos mejorar al 300% (trescientos por ciento) nosotros. El sustento jurídico internacional está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Pueblo Saramaka vs. Surinam. La Corte determinó que la consulta debe ser un proceso de buena fe, iniciando con las etapas más tempranas culturalmente adecuado, con información accesible, con capacidad de influir en la decisión. Nuestra propia Corte, en ejemplo destacado, como en el caso Chihuahua, en el dos mil veinte, o restos estándares al invalidar la Ley que permitía la Adopción de Adultos con Discapacidad para ser paternalista y no haber sido consultada”.
Padilla Zaldo resaltó el principio ‘pro persona’ y el control de la convencionalidad, en el artículo 1º constitucional de 2011 que sugiere un parteaguas en nuestra cultura jurídica se tiene que interpretar a la ley hacia el derecho más favorable de los derechos humanos, el control de la convencionalidad que exige que todas las autoridades, incluyendo a la Corte, armonicen su actuación con base en los Tratados Internacionales, el Caso Furlán y familiares vs. Argentina en el sistema interamericano dejó establecido que los Estados deben eliminar las barreras actitudinales y los prejuicios que impiden nuestra participación plena en sociedad
Al respecto, la ministra Lenia Batres acusa a medios o a un medio de pretender desprestigiarla, cuando su criterio incluso busca el acompañamiento de Hugo Aguilar, presidente de la Corte, mientras que otros como Rodrigo Arístides, Yasmín Esquivel e Irving Espinosa sostienen la voluntad de respetar la dignidad de las personas con su derecho a la consulta.
“Ninguna decisión sin ustedes”
En este análisis para resolver la acción de inconstitucionalidad, cás que una carga procedimental, se trata de un instrumento sustantivo de diálogo y participación democrática, sostuvo la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien se ha pronunciado a favor de una justicia que escuche, reconozca y actúe para derribar las barreras estructurales que aún limitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
Esquivel Mossa se refirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y mencionó que uno de sus ejes fundamentales es precisamente el deber de escuchar, de reconocer que nadie puede sustituir su experiencia de vida, ni su comprensión de los obstáculos que diariamente enfrentan.
“Estos compromisos no son una mera aspiración, sino un imperativo jurídico y ético que nos obliga a garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en todas las decisiones que les afectan”, enfatizó.
De acuerdo con la ministra, las barreras no pueden ser entendidas desde una perspectiva propia, sino desde la realidad que viven quienes las padecen; en este sentido, la tarea del Alto Tribunal es derribar todo obstáculo que impida a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
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