Voces de activistas, quienes están a favor de luchar los por derechos de las personas con discapacidad, advirtieron la importancia de legislar a favor de ellas y ellos, consultándoles precisamente a quienes enfrentan la vida con alguna complicación en su movilidad, en su escucha, en su visión, pero quienes ante todo, siguen siendo: personas.
“No se puede entender una discapacidad cuando no se vive con ella”, aseveró Ernesto Martín Rosas Barrientos, de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, quien consideró que para analizar o aprobar leyes que tengan impacto directo en personas con discapacidad, es fundamental consultarles a ellas y ellos.
La relevancia de consultar a estas personas, advirtió, es porque en todo el país se estima que alrededor de 20 millones de personas viven con discapacidad, aunque hay quienes no lo identifican como tal, pero son todos aquellos quienes tienen dificultades de visión, para escuchar, de movilidad, complicaciones en el pensamiento, quienes no pueden valerse por si mismos, y entonces, enfatizó, la cifra son esos 20 millones y no seis como se maneja en algunas fuentes.
Propuesta regresiva
Entrevistado por Crónica, el abogado de profesión y activista a favor de personas con discapacidad –él mismo es invidente-, calificó de regresiva la propuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama.
Recordó que la propuesta para que las personas con discapacidad puedan interponer por ellas mismas un juicio de amparo juntando 15 firmas, no hace más que complicar la vida de estas personas, ya que no son expertos en leyes, ni sus términos, tampoco son abogados.
“Si lo que se quiere es eliminar cuellos de botella, lo cierto es que sólo nos complicaría más la vida y a las asociaciones, porque tendrán que pagar a un abogado que haga los trámites o quien esté pendiente de todas las leyes que se aprueban, por si nos impactan”, indicó.
Respecto a la propuesta sobre la invalidez de leyes emitidas sin consulta a personas con discapacidad, Rosas Barrientos dijo, es regresivo, y prueba de ello es que se invalidaron 50 leyes sobre derechos de las personas con discapacidad por falta de consulta “y que sus contenidos sí eran favorables para nosotros”.
Propuesta que revierte una garantía establecida por la anterior SCJN
A su vez, la doctora Patricia Claudia Brogna, de la Coordinación de Estudios Sociológicos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo a este rotativo, que la propuesta de la ministra Lenia Batres, es regresiva, porque revierte la garantía del derecho a la consulta, que ya habían establecidos precisamente los ministros de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Advirtió que con ello, “se deja de garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa, que está en la Convención (Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y por lo tanto también tiene estatus Constitucional”.
“Este debate, pone en evidencia la necesidad de un cambio urgente de la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad ya qué sólo menciona que: `es facultad del Estado promover consultas´ en lugar de decir que: `es obligación del Estado garantizar el derecho a consulta´, como fue el compromiso adquirido por México al ratificar la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este mismo sentido, enfatizó que el derecho a la consulta “no es un formulismo, es un derecho establecido en la Convención y en la Constitución, por lo tanto el Estado debe garantizar ese derecho, y ese es el compromiso que hizo México”.
Estado Mexicano obligado a realizar consultas
En su oportunidad, Esther Araceli Díaz, de la Asociación de Mujeres Unidas por la Inclusión, lamentó que el criterio de la magistrada Lenia Batres representa un significativo retroceso significativo en la garantía de los derechos humanos de quienes viven con una discapacidad, debido a que se genera un vacío que debilita el cumplimiento de los artículos 4.3, 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual obliga al Estado mexicano, precisamente a realizar consultas activas y estrechas con las personas con discapacidad, antes de adoptar medidas legislativas que puedan afectarles.
Señaló al igual que la doctora Claudia Brogna, que la consulta “no es una formalidad, es una garantía sustantiva de participación política y social”, la cual que permite que las voces de las personas con discapacidad sean escuchadas “y que las normas se construyan con nuestra participación, no a nuestras espaldas”, por lo que las leyes y acciones que tienen que ver con este grupo, deben desarrollarse, precisamente con perspectiva de discapacidad.
Ver a las personas con discapacidad, como personas que luchan
A su vez, Jesús Axel de la Cruz Sierra, enfatizó la importancia de que las autoridades, los legisladores y la sociedad en su conjunto, vean a las personas con discapacidad, sólo como eso, personas que luchan, desean y anhelan salir adelante, ser incluidos, tomados en cuenta y formar parte de la sociedad, sin limitaciones, sin discriminación y siendo consultados en sus propias necesidades, antes de emitir leyes que los demás crean que beneficiarán a las personas con discapacidad.
Que cada parte, haga lo que le corresponde
Los consultados coincidieron en la necesidad de que cada parte haga lo que le corresponda, comenzando por el Poder Legislativo, que haga las leyes necesarias para las personas con discapacidad, consultándolos a ellas y ellos, porque no se puede legislar para algo que no conoces, que no lo has vivido y que no sabes cómo es vivir así, con los retos que hay por delante y de todas las barreras que aún deben derribarse.
Asimismo, demandaron que siga siendo obligación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, velar por precisamente el respeto y el pleno ejercicio de esta garantía Constitucional para quienes viven con una discapacidad, que sea la propia CNDH la responsable de vigilar las leyes que estén por aprobarse, de las reformas y en caso de ser necesario que sea la encargada de promover las acciones de inconstitucionalidad que sean necesarias.