Desde octubre del 2024, se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades federativas, labores que debilitan una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado; así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En este periodo también se han identificado y clausurado mil 938 tomas clandestinas, acondicionadas por grupos delictivos con material rudimentario para la extracción ilegal de hidrocarburos, lo que representa un riesgo para las poblaciones aledañas.
El fortalecimiento de la seguridad y la vigilancia en contra del robo de combustible, ha logrado el aseguramiento de tres mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales utilizados para la extracción y transporte ilegal.
En ese sentido, dentro del marco de la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos a través del Gabinete de Seguridad, se protege la seguridad energética y la economía nacional, mediante una política de cero tolerancia a la corrupción y combate a la impunidad.
Esta operación institucional, detalló la SSPC, se desarrolla bajo cuatro ejes fundamentales: la prevención de la sustracción, transporte, almacenamiento y comercialización ilícita de hidrocarburos; la inteligencia estratégica, para identificar y desarticular redes criminales; la operatividad coordinada entre fuerzas federales y autoridades locales; y la judicialización efectiva de los responsables.
El mercado ilícito de hidrocarburos constituye un delito de alto impacto y una afectación económica para el país, por lo que se robustecieron acciones operativas para desmantelar organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Entre las acciones más relevantes, destaca el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, cuyas investigaciones permitieron detener posteriormente a 15 personas en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, entre las que se encuentran empresarios y servidores públicos vinculados al mercado ilícito de combustibles.
Los trabajos de inteligencia permitieron identificar estructuras criminales que operaban con documentación apócrifa y complicidad de empresas de transporte, información que perfeccionó las carpetas de investigación para la judicialización de todos los implicados.