“Operación Caudal” — Tres días después de la operación “Operación Caudal” contra el robo y extracción de agua de forma ilegal en el Estado de México, lo que derivó en la clausura de 51 pozos, 138 tomas clandestinas y el aseguramiento de decenas de pipas en 48 municipios de la entidad, el gobierno mexiquense subrayó que el suministro del vital líquido para instituciones, hospitales y ciudadanos no está afectado, por lo que no habrá titubeos contra este delito ni se permitirán chantajes de mafias y se aplicará todo el rigor de la ley.
El gobierno mexiquense subrayó este lunes que el suministro de agua potable en hogares no está afectado debido a que éste se surte a través de la red pública y por ello se garantiza el acceso en las colonias de la entidad.
En la misma línea, resaltó que se ha constatado que la falta del vital líquido es en negocios como purificadoras de agua que eran surtidas con extracción ilegal y con pipas de grupos criminales.
La “Operación Caudal”, de acuerdo con la administración del Estado de México, se desplegó en coordinación por autoridades de los tres órdenes de gobierno en 48 municipios de la entidad, lo que arrojó la intervención de 189 inmuebles (51 eran pozos y 138 tomas de agua clandestinas), al incurrir en la explotación ilegal, tenía como consecuencia la falla de agua en las diferentes colonias, además se informó del aseguramiento de 322 pipas.
MAFIA
Derivado de las acciones contra la extracción ilegal del agua, fuentes de seguridad refieren que el poder del agua en la entidad la concentraban organizaciones sociales que operaban bajo la fachada de ser sindicatos. Ellos se autodenominaban: Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “ACME”; “Los 300”; “Libertad”; “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.
Las autoridades del Estado de México resaltan que todos estos grupos y particulares, extraían de manera ilegal el agua potable de pozos o tomas públicas para después transportarla en pipas, que ellos mismos aprobaban e identificaban con calcomanías que decía el nombre de su agrupación, y así venderlas en purificadoras de agua o surtirla directamente en hogares, donde era vendido a sobrecosto, afectando la economía popular.
BLOQUEOS
Este modus operandi es denominado “huachicol de agua”, debido a que el costo regulado por 10 mil litros es de 131 pesos, sin embargo, estas agrupaciones ponían sus propias tarifas a sobrecostos, por ejemplo, en Ecatepec el sobrecosto era de +59%, en Cuautitlán +41%; Tlalnepantla +32% y Toluca de +10%.
Derivado de los aseguramientos de pozos, inmuebles, pipas y pozos de donde se extraía el agua, las agrupaciones referidas bloquearon por más de siete horas las principales vías de transporte que conectan al Estado de México con la Ciudad de México, como las autopistas, México-Pachuca, México-Puebla, México-Querétaro, México-Texcoco y vialidades de la CDMX, teniendo poca empatía con los mexiquenses, generando caos vial y que los mexiquenses no pudieran llegar a sus diferentes centros de trabajo, escuelas, citas médicas, entre otras afectaciones.
SANCIONES
La administración de la Gobernadora Delfina Gómez subraya que el Estado de México no se dejará chantajear por estos grupos criminales y aseguró que la entidad es de las más avanzadas en legislación contra la extracción, distribución y comercialización del agua, por lo que se actuará para llevar ante la justicia a quienes incurran en este delito.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, destaca en su Artículo 145 ter, que quien distribuya agua potable a través de pipa, sin contar con el permiso de distribución o dictamen de factibilidad correspondiente, expedidos por la autoridad competente, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cincuenta doscientos días multa.
En este contexto, en su Artículo 145 quater, se destaca que quien distribuya agua potable a través de pipa y utilice una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada se le impondrá de uno a tres años de prisión y de 25 a 100 días de multa.
El mismo Código Penal en su Artículo 145 quinquies, resalta que al que sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio, se impondrá de dos a seis años de prisión y de 50 a 200 días multa.
La Crónica de Hoy 2025