Con el voto en contra de la oposición, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que faculta a la Marina para abordar buques para inspeccionarlos, así como la detención de personas con lo que fortalece a esta institución para combatir el tráfico de drogas, trata de personas y delitos marítimos internacionales.
Esta nueva ley aprobada con 68 votos, a favor y 32 en contra, también le permite participar en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, así como en el empleo de inteligencia artificial como herramienta tecnológica en la conducción de operaciones militares en el ciberespacio, reconociendo el papel de la SEMAR como integrante del Centro Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública (CNI).
“ Se reconoce el derecho de visita y persecución en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en alta mar, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), fortaleciendo la capacidad para combatir delitos como tráfico de drogas, trata de personas y delitos marítimos internacionales”, establece
La iniciativa que fue enviada al Ejecutivo para su publicación, adiciona a las atribuciones de la Armada su participación en la formulación de políticas de defensa exterior y en la elaboración de la política nacional de defensa marítima, lo que permite la defensa de la soberanía mediante el empleo del poder naval ante riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
Asimismo sustituye al Estado Mayor General por la Jefatura de Operaciones Navales, un nivel operativo entre el Alto Mando y las Fuerzas/Regiones, con subjefaturas y coordinaciones para articular operaciones marítimas, aéreas, terrestres y cibernéticas.
La oposición acusó una creciente militarización del país y expresaron su rechazo a las facultades “amplias” a la Armada en aduanas y otras áreas, sin contrapesos civiles ni respeto a los derechos humanos.
El PRI a través de la senadora, Carolina Viggiano, advirtió que lejos de fortalecer al Estado, refuerza el poder de las Fuerzas Armadas y profundiza la militarización del país.
“Lo que esta ley busca es consolidar el dominio militar sobre funciones civiles, puertos, aduanas, vigilancia marítima, tareas de policía. Cada vez más los militares sustituyen a las instituciones civiles que este gobierno ha desmantelado deliberadamente. No hay armonización, hay usurpación de funciones civiles y eso no es fortalecer al Estado, es debilitarlo”, señaló.
Subrayó que esta ley otorga facultades que exceden el mandato constitucional de la Armada, convirtiéndola en juez y parte de la seguridad nacional sin supervisión civil ni control democrático.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, también expresó su profunda preocupación por la expansión de atribuciones militares en áreas que, a su juicio, corresponden a instituciones civiles.
“Esta reforma se inserta en el proceso general de militarización de la vida pública, que lo hemos denunciado también, donde se han trasladado a las Fuerzas Armadas responsabilidades que deberían recaer en las autoridades civiles.
Alertó que el 90 % l del articulado de esta nueva Ley de la Marina, es idéntico a la ley vigente, lo que demuestra que no se trata de modernización, sino que sólo se busca justificar una mayor intervención militar.
Señaló que el combate al denominado huachicol fiscal ha tenido efectos negativos sobre la disciplina, la imagen y el funcionamiento de la Marina, y recalcó que este combate no puede justificarse a costa de militarizar aduanas ni de asignar a la Armada funciones ajenas a su misión principal.
El presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, rechazó que esta Ley signifique una mayor militarización y aseveró que se trata de proteger los mares y el ciberespacios mexicanos.
“No se trata de militarizar, sino de proteger con disciplina y eficiencia y transparencia. Esta ley no amplía el poder de las armas, sino el poder de la ley y del Estado mexicano sobre sus mares, su ciberespacio y su futuro”, afirmó.