El viernes 31 de octubre de 2025, trabajadores del Poder Judicial de la Federación declararon un paro nacional de “brazos caídos” en todos los órganos jurisdiccionales del país. La suspensión de labores fue convocada por el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación,todo esto por el incumplimiento del aumento salarial correspondiente al año en curso y la falta de pago retroactivo.
De acuerdo con el comunicado difundido por el sindicato, encabezado por Juan Alberto Prado Gómez, la protesta surge tras varios meses de diálogo sin resultados con las autoridades administrativas del Poder Judicial. Los empleados exigen que se respete el incremento salarial anual ya establecido, además de la entrega de insumos básicos necesarios para el desempeño de sus funciones, como papelería, impresoras, agua potable y servicio de comedor.
Entre las principales demandas también se encuentra la clarificación del manejo de plazas vacantes, muchas de las cuales se generaron tras los procesos electorales del 1 de junio, así como un alto a los despidos masivos que aseguran los trabajadores han afectado a empleados con años de servicio.
Así mismo la organización sindical calificó la suspensión de labores como una medida extrema, adoptada después de no obtener respuesta favorable a sus solicitudes formales.
El paro afecta a juzgados, tribunales y demás instancias judiciales en todo el territorio nacional y con ello ha generado preocupación entre abogados, litigantes y ciudadanos que tienen audiencias o resoluciones programadas, ya que la atención al público y la impartición de justicia se verán temporalmente interrumpidas. Aunque la suspensión se plantea como una acción pacífica, se advirtió que podría extenderse si las autoridades no presentan soluciones concretas a las exigencias de los trabajadores.
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial subrayó que su movimiento no busca perjudicar a la ciudadanía, sino evidenciar las carencias y omisiones que, desde hace meses, afectan el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. “La falta de recursos y el incumplimiento de acuerdos laborales impiden garantizar una justicia pronta y eficiente”, señalaron en su pronunciamiento.
Ante esta situación, se espera que las autoridades del Poder Judicial de la Federación establezcan un diálogo inmediato con los representantes sindicales para atender las demandas salariales y operativas. De no concretarse un acuerdo en los próximos días, el paro podría prolongarse, generando un impacto significativo en la administración de justicia en todo el país.
El movimiento nacional de trabajadores judiciales refleja un creciente malestar en el interior del sistema, donde el personal advierte que la precarización laboral amenaza la independencia y la eficiencia de la impartición de justicia. Mientras tanto, usuarios y litigantes permanecen a la espera de que se restablezcan las actividades normales en los tribunales y juzgados del país.