CDMX — “No llegamos todas”, así lo confirma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que asesta, sin acuerdo en la Sala Superior, un revés a la paridad de género obligada a ser garantizada por ley luego de que este jueves se impuso a Carlos Hernández Toledo como nuevo secretario general de Acuerdos, cargo que correspondería a una mujer.
Este nombramiento se dio durante un proceso irregular que viola disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se obliga al servicio público a dar espacio a las mujeres en altos cargos que ya han ocupado los hombres.
De acuerdo con el proyecto de la sesión privada de la Sala Superior, el pleno de magistrados fue convocado de manera virtual por la presidencia del TEPJF -que este miércoles asumió Gilberto Bátiz y quien aseguró que la colegialidad determinará el rumbo del órgano jurisdiccional- para hacer la designación de la titularidad de la Secretaría General de Acuerdos, en reemplazo de Ernesto Santana Bracamontes.
Conforme a la propia normatividad, en adición a este principio de integración paritaria, existe obligación de paridad para cargos de carrera judicial, de entre los que destaca la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala. La ley orgánica consigna expresamente a la paridad de género como principio rector de la carrera judicial; y, en segundo, el secretariado general de acuerdos es un cargo de carrera judicial, de hecho, el más alto del escalafón jurisdiccional de carrera, como lo estipula la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en los mismos términos que lo hacía… y que “impone el deber de observar la paridad de género en la designación de los cargos, incluso en casos de urgencia”.
En este proceso inédito en el TEPJF, los magistrados de la Sala Superior fueron notificados mediante el correo institucional de la secretaría particular, con el asunto: “Tarjeta de decisión colegiada”, según la cual, por instrucciones del magistrado presidente Gilberto de G. Bátiz García, se hizo del conocimiento el siguiente asunto a tratar en decisión colegiada a liberarse de forma virtual: “La propuesta de designación de Carlos Hernández Toledo como secretario general de acuerdos y Priscila Cruces Aguilar como subsecretaria general de acuerdos, ambos de la Sala Superior de este Tribunal Electoral”, con efectos a partir del día 4 de noviembre de 2025.
Es decir, este nombramiento fue decidido de manera unilateral y la reunión a distancia sólo cumplió con informar al pleno.
En este proceso realizado mediante el chat interno de secretarias y secretarios particulares de las magistraturas de Sala Superior, se sometió a votación la propuesta para nombrar a Carlos Hernández Toledo y a Priscila Cruces Aguilar como titulares de la Secretaría General de Acuerdos y de la Subsecretaría General de Acuerdos, respectivamente”.
Este procedimiento, de acuerdo con la propia ley que rige a los órganos jurisdiccionales, no observó la colegialidad y la designación del secretario general de Acuerdos se sometió a votación sin mediar tomar en cuentas las reglas que debían estar garantizadas.
De acuerdo con un “hilo” abierto en la red X, en su cuenta el magistrado electoral Reyes Rodríguez expuso que formuló un voto particular contra el nombramiento del secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF al no coincidir con la designación aprobada por razones de paridad y colegialidad.
“Formulé un voto particular contra el nombramiento del Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del @TEPJF_informa, al no coincidir con la designación aprobada por razones de paridad y colegialidad”.
El pasado miércoles, al asumir el cargo como magistrado presidente del TEPJF, Gilberto de Guzmán Bátiz García enunció como uno de sus compromisos más férreos el trabajo en equipo, la toma de decisiones en colegialidad, indispensable, dijo, para el rumbo de este tribunal y de la percepción de justicia hacia los ciudadanos.
En la ceremonia de investidura, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, destacó en su discurso que este tribunal también tiene el reto de anular las resistencias contra hacer valer los derechos de las mujeres de acceder a los espacios de poder, como lo demanda la Constitución.
